Preocupan sugestivos cambios en el casino

La existencia de una sucursal del casino destinada al público local siempre fue motivo de críticas en esta ciudad y la polémica resurgió en los últimos días, cuando la sala de juegos cambió de lugar sin que exista una ordenanza que avale la nueva ubicación.

La supuesta irregularidad fue advertida por el ex candidato a intendente de Pro Carlos Aristegui y la ex concejal radical Gillermina Alaniz, quienes reclamaron explicaciones al municipio y pidieron el estricto cumplimiento de las normativas destinadas a frenar la ludopatía.

Además del complejo ubicado en pleno centro, la firma concesionaria del casino tiene desde hace años una segunda sala en el Shopping Patagonia. Hasta hace poco funcionaba en un entrepiso al que se accedía por una escalera ubicada dentro del centro comercial. Pero ahora el casino fue corrido a otras dependencias del mismo inmueble, con entrada independiente sobre la calle Gallardo.

Justo enfrente hay una sucursal del banco Patagonia con una decena de cajeros automáticos. Aristegui consideró que esa cercanía no es casual y es “incoveniente y contradictoria” con lo previsto en la ordenanza 1760 sancionada en 2007, que prohibió la presencia de cajeros dentro de los casinos.

Así lo hizo notar en el pedido de informes que firmó con Alaniz y que presentó ante el Ejecutivo municipal, el Concejo y el Tribunal de Contralor. También preguntó en el mismo escrito “si la nueva locación donde se encuentra el casino fue habilitada, con qué fecha y qué ordenanza permite la habilitación”.

Esto último en razón de que la regulación aprobada hace nueve años luego de intenso debate fijó para los casinos la obligatoriedad de que cualquier nueva habilitación comercial fuera otorgada con aprobación expresa de los concejales.

Otras cláusulas de esa norma establecieron la creación de un fondo para la prevención de la ludopatía y encomendal a gestionar ante los gobiernos nacional, provincial y municipal que “se restrinja el ingreso a los casinos de Bariloche a aquellas personas beneficiarias de subsidios del Estado”.

Aristegui y Alaniz preguntaron “qué gestiones fueron realizadas” por el municipio para cumplir con esas premisas.

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