Denuncian amenazas a fiscales de Bariloche

«El Poder Judicial de Río Negro seguirá buscando la solución pacífica del conflicto, más allá de las incesantes manifestaciones agraviantes y amenazantes recibidas por los fiscales intervinientes«. De esta forma, el Ministerio Público Fiscal se expidió respecto a una serie de amenazas hacia la fiscal Betiana Cendón, a través de las redes sociales, en las últimas horas.

«Serán investigadas formalmente, así como otros hechos, como el acaecido en la madrugada de hoy en oficinas pertenecientes al Estado provincial«, señalaron a través de un comunicado, en alusión al incendio en el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón durante la madrugada. En el lugar del siniestro, se encontró un bidón con nafta.

En el mismo comunicado, la Fiscalía se refirió al conflicto ocasionado a partir de la ocupación en un predio de Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón. «Al día de la fecha -recalcaron-, no hay documento alguno que vincule de manera ancestral esas tierras con la comunidad indígena Lof Quemquentreu”.

«Es fundamental reafirmar que dichas tierras pertenecen al Estado Argentino y desde 1981, cuentan con un ocupante fiscal. Que las personas que allí se encuentran, no están privadas de su libertad y que seis hábeas corpus ya fueron rechazados por diversos jueces», recalcaron.

Insistieron en que el Estado Argentino sancionó la Ley 26.160 en 2006 «para formalizar el relevamiento territorial de comunidades indígenas dando respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país”. Esta ley fue prorrogada en tres oportunidades y vence en noviembre de este año. «En los 15 años de funcionamiento, nada consta acerca de que la Lof Quemquentreu sea propietaria ancestral de esas tierras. Por lo tanto, para el Estado, ese lote no pertenece a ninguna comunidad indígena», plantearon.

Especificaron que, «al ingresar a dichas tierras en horas de la madrugada y en comunidad de acción, ese grupo estaría cometiendo el delito de usurpación, que requiere de la intervención del Ministerio Público para hacerlo cesar» y mencionaron que, «en tres oportunidades (19, 20 y 21 de septiembre) se intentó una resolución pacífica del conflicto, cuando representantes de la Fiscalía Descentralizada ingresaron para mantener un diálogo».

Mencionaron también que, tras los «infructuosos» intentos por arribar a un acuerdo a partir del diálogo, el viernes 24 de septiembre, una autorización judicial permitió a la Fiscalía ingresar al lugar para identificar a los ocupantes y notificarlos de que se encontraban cometiendo un delito, que serían imputados y que podría habilitarse una nueva vía de diálogo «siempre que modificaran su actitud».

Dos de las 12 personas que allí se encontraban, entre ellas un niño de 8 años, abandonaron el lugar. Otras cuatro fueron aprehendidas y cinco huyeron para evitar ser imputadas. Horas más tarde, se realizó la audiencia de formulación de cargos, sin la presencia de las mujeres, que culminó con las primeras imputaciones de cuatro hombres.

Desde la institución, volvieron a destacar que «ninguna de las personas que ocupan esas tierras se encuentra privada de su libertad«, tras la petición de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para poder ingresar alimentos al lugar. En este sentido, desde la Fiscalía, recordaron que «el juez de Garantías determinó que quienes se encuentran ocupando las tierras de Cuesta del Ternero deben salir de ellas para satisfacer sus necesidades básicas» ya que «las personas que allí se encuentran lo hacen por propia voluntad y nada les impide movilizarse».

En otro punto, el Ministerio Público Fiscal señaló que seis habeas corpus fueron rechazados por diversos jueces provinciales. Las presentaciones correspondieron a organizaciones intermedias, como la APDH, Codeci y el Parlamento Mapuche a fin de poder ingresar alimentos y abrigo al lugar del conflicto.