Otorgan más plazo para investigar las licencias de conducir truchas en Bariloche

El fiscal Guillermo Lista y el fiscal jefe Martín Lozada solicitaron al juez de Juicio Gregor Joos que revoque la decisión del magistrado Bernardo Campana que denegó la ampliación del plazo de la investigación preparatoria por el caso de las 711 licencias de conducir truchas y dispuso el sobreseimiento de Marcos Aguirre, Juan Marcelo Oyarzo y Eugenia Carballo, 3 de los 15 imputados.

«Se está investigando un caso complejo de corrupción en la administración pública en la Municipalidad. El magistrado ha reprochado al Ministerio Público una investigación preliminar por fuera de los plazos procesales, pero los plazos no se aplican a investigaciones de funcionarios públicos», argumentó Lista.

Insistió en que Campana resolvió «como si fuera una causa común y ordinaria. Ha perdido de vista la natural. Muchas personas deben ser entrevistadas y muchas diligencias se han viso perturbadas y demoradas por la pandemia del Covid». Mencionó que, en los últimos meses, cuando se retomó la presencialidad, la fiscalía debió tomar declaración testimonial a 240 personas vinculadas al legajo.

El fiscal jefe Martín Lozada recalcó que «los cargos no resultan de un ensañamiento sino que se basan en circunstancias de hecho. Siempre que se trate de causas que involucren el manejo de fondos públicos debe haber un mayor rigor al evaluar los objetos de la investigación».

A su turno, el abogado querellante Raúl Ochoa recordó que las 15 personas imputadas «conformaron una organización que, con persistencia de tiempo en forma pemanente, se dedicaban a la confección y comercialización de licencias de tránsito, sorteando todas las formalidades legales».

Dijo que «valiéndose de una persona ajena, se ocupaban de captar a los interesados mediante el pago de 3.000 pesos. Confeccionaban las licencias, sin las exigencias correspondientes. Ocurrió en 711 oportunidades y, entre 2014 y 2016. No son los 3.000 pesos de ahora sino de ese entonces».

Ochoa cuestionó la decisión de Campana: «Un juez dice que dos años fueron demasiado para investigar 711 hechos de estafa. ¿Cómo le explico a la sociedad que, habiendo una pandemia en el medio que impidió concurrir a la fiscalía, a la justicia le parece excesivo dos años de investigación?«.

En tanto, el abogado defensor Sebastián Arrondo cuestionó que el hecho se detectó en 2016 y que, en ese momento, comenzó la investigación. Insistió en que desde hace dos años, sus defendidos «están sometidos a una investigación sin haberse dado una determinacion de roles. Hay 15 personas imputadas y los estamos investigando por estar dentro de una oficina«.

Aguirre, uno de los imputados, tomó la palabra antes de la resolución del juez Gregor Joos. «Soy una persona. No soy un número de expediente. Atrás, tengo una familia. No es justo para ellos ni para mi. Todos los que trabajábamos en el área fuimos metidos en una misma bolsa. Soy inocente y quiero que esto se termine», manifestó.