Pasó un mes y no hubo desalojo en Cuesta del Ternero

Este domingo se cumple un mes desde que el juez Gregor Joos ratificó la orden de desalojo de la comunidad mapuche Quemquemtreu de un predio en Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón.

En un encuentro que se llevó a cabo el último miércoles, los integrantes de la lof pidieron al secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Duilio Minieri, que no se ejecute la orden de desalojo. Al término de esa reunión, Ezequiel Palavecino, abogado de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) Bariloche, reconoció que ahora, la orden corresponde al Ministerio de Seguridad de Río Negro, a cargo de Betiana Minor.

Este diario intentó comunicarse con la funcionaria provincial que se excusó de atender, a través de su secretario de prensa, argumentando que se encontraba en viaje.

El abogado querellante Ernesto Saavedra se mostró esperanzado en que “una vez que termine la feria, se produzca el desalojo en febrero”. “El desalojo está firme, pero no estaban los fiscales que, recién ahora, se están incorporando. Los jefes fiscales tampoco están. Solo el juez de feria”, dijo.

La comunidad Quemquemtreu ocupó el predio el 18 de septiembre y fue denunciada por usurpación por Rolando Rocco, un empresario que tiene un permiso de explotación forestal en las tierras ocupadas.

En ese momento, la justicia ordenó la custodia policial en el predio para impedir el ingreso de más personas al sector de la ocupación. Sin embargo, el 21 de noviembre pasado, dos hombres accedieron al sector de la comunidad manifestando ser cazadores. Luego de una discusión, uno de ellos efectuó un disparo que impactó contra Elías Garay, un miembro de la lof, ocasionándole la muerte.

En la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo el 26 de noviembre, uno de los imputados, Martín Feilberg, reconoció que habían comenzado a trabajar en el campo de Rocco en mayo de ese año.

La causa por usurpación siguió su curso hasta que, el 16 de diciembre pasado, Calcagno ordenó desalojar el predio con un plazo de siete días. Esta medida fue apelada por la defensa de la comunidad y el juez Gregor Joos otorgó dos días más para alcanzar “una solución alternativa al conflicto”. La fiscal jefe Betiana Cendón reconoció, en esa oportunidad, que “hubo inconvenientes para llegar a un acuerdo” y Joos ratificó el desalojo.

La semana pasada, a pocos días de cumplirse un mes de la orden, Minieri se reunió con integrantes de la comunidad por primera vez en cuatro meses desde que se inició el conflicto. De todos modos, los voceros de la lof reconocieron la dificultad para alcanzar un acuerdo.

Saavedra calificó el encuentro como “ilegal”. “Es un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. El artículo 14 habla del criterio de oportunidad, pero en el expediente judicial. No entendemos por qué se hizo”, definió el abogado defensor de Rocco y Feilberg, al tiempo que insistió en que “es una concesión que hace el gobierno provincial a la APDH”.