Trece policías… tres empanadas

No fue una recreación de la escena de “Esperando la carroza”. No era Luis Brandoni en su rol de Antonio Musicardi. Pero la frase tuvo el mismo impacto que el histórico “tres empanadas”.

“Trece policías” soltaron los jefes de la Unidad 21 y de la Regional Segunda el jueves pasado, en medio de una tensa reunión por la inseguridad en la zona norte de Roca.

Trece policías por turno para la comisaría que tiene jurisdicción para una zona habitada por 60.000 personas, según el dato que aportó la propia intendenta, María Emilia Soria, presente en el encuentro.

El problema es que esa contundente representación de la debilidad del Estado en una de las zonas más calientes de la provincia en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico no era lo último que iban a escuchar los comerciantes y vecinos que convocaron a las autoridades.

La sorpresa e indignación terminó de configurarse cuando los mismos jefes policiales admitieron que -sobre ese pequeño grupo de uniformados- cinco efectivos no podían ser asignados a las tareas de prevención, porque estaban destinados a la custodia de puntos fijos. Uno a la escuela 357 de Barrio Nuevo -donde este año chicos y docentes tuvieron que hacer cuerpo a tierra el día que dos bandas se enfrentaron a balazos- y el resto en viviendas de víctimas de violencia de género.

Y si algo faltaba, la descripción de las carencias incluyó el parque automotor de la Comisaría 21. En realidad, más que «parque» debería llamarse «desierto», porque apenas una camioneta con miles de kilómetros recorridos está disponible para los patrullajes.

Comerciantes de las calles San Juan y Rosario de Santa Fe pidieron disculpas el viernes, porque descargaron su bronca ante esos policías, que con más o menos jerarquía, no tienen en sus manos la resolución de los problemas más urgentes.

Del encuentro participó también el director de Coordinación Territorial de Alto Valle y Valle Medio, Juan Durán, quien seguramente ya habrá reportado a la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, que la situación en el sector más poblado de Roca no puede seguir subestimándose.

La catarsis tomó fuerza con otro condimento de actualidad, que empieza a complicar seriamente al gobierno provincial. “Hay plata para el avión, pero no para patrulleros”, cuentan que gritó uno de los emprendedores que ya padeció varios asaltos.

Ese mismo reproche se vio esta semana en los carteles de los gremios estatales. Y no hay dudas que el “avión-gate” será protagonista de la campaña electoral que se viene en la provincia y en la ciudad.

Así las cosas, el Ejecutivo provincial debe lidiar con varios dilemas importantes relacionados con la seguridad de los roquenses.

En primer lugar, debe resolver el conflicto que tiene dentro de la propia Policía, que esta semana volvió a los acampes por los sueldos.

Luego, debe dotar de recursos a esos uniformados, para revertir esa sensación de pérdida del control de territorio que se extiende.

Pero ese objetivo jamás podrá alcanzarse sin personal. Y las estadísticas no son auspiciosas: un reporte de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía de la provincia revela que en enero de este año la Policía tenía 6.770 agentes dentro del escalafón Seguridad, es decir 239 menos que los encargados de la prevención para enero del 2020.

La evolución no es positiva, porque en junio pasado la misma cifra se ubicó en 6.777 empleados.

Siete más que en enero. Una miseria. Tres empanadas.