Estafa con planes sociales: reuniones de noche en una plaza de Neuquén y una orden para «no hablar»

Los tres principales imputados por la estafa con planes sociales del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Néstor Pablo Sanz, actuaron «en bloque» para amedrentar a otros involucrados en la causa, impedirles la elección de su defensa o incluso para «ocultar y limpiar» elementos de prueba, según planteó ayer la fiscalía como argumento para pedir su prisión preventiva.

En una audiencia que se realizó al mediodía, el juez de Garantías Cristian Piana resolvió que el exdirector de Planes Sociales, el exjefe del departamento de Gestión de Programas y el exdirector de Fiscalización del ministerio que conducía Abel Di Luca queden detenidos, aunque por un plazo más corto que el solicitado por el fiscal Juan Manuel Narváez Barraza: cuatro meses en lugar de ocho.

En la Ciudad Judicial se terminaron de ventilar ayer los testimonios de «arrepentidos» que ya habían anticipado los fiscales en la conferencia de prensa que hicieron la semana pasada, cuando se reactivó sorpresivamente la investigación con nuevos allanamientos. Los cuatro imputados que pidieron declarar fueron Lucía Soto, en junio, y Analía Scherer, Paola Zeballos y Cristian Javier Vergara, el 4 de julio pasado.

El fiscal hizo una detallada exposición sobre lo planteado por los «arrepentidos», quienes aseguraron tener miedo por su seguridad y justificaron haber participado de las maniobras por temor a perder sus trabajos, ya que eran contratados. «No te daban lugar a negarte» y «no era fácil ir en contra de alguien con tanta trayectoria en la provincia como Soiza», fue lo que dijo Vergara, uno de los identificados como «extractor» en la estafa y empleado del ministerio.

Los cuatro testimonios también coincidieron con que, en la noche previa a los allanamientos que se realizaron en agosto del 2022, Osuna los había visitado en sus viviendas pidiéndoles celulares y computadoras. También que a uno de ellos le había pedido que enviara un mensaje con el texto «ok» cada media hora para saber cuando llegara el procedimiento.

Los «arrepentidos» plantearon que los convocaban a reuniones de noche en la Plaza De Boca o en la casa de Alfredo Cury, quien hasta la semana pasada ejercía su defensa, en las que se les pedía que no busquen otro abogado, que no hablaran y que se quedaran tranquilos porque todo «iba a pasar en dos o tres meses».

Solo una de las declarantes, Scherer, dijo haber visto una vez, en la mochila que Sanz tenía en la oficina, una «pistola negra». La misma imputada, también señalada como «extractora», afirmó que «no era un ambiente bueno de trabajo» y que había gritos y amenazas.

Estafa con planes sociales: Una oficina con mástiles en el Faraon

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En la audiencia de control de detención que se realizó ayer, la fiscalía detalló que, en el allanamiento realizado en Faraón, el restaurante propiedad de Ricardo Soiza, encontraron que «en el primer piso funcionaba una oficina» como si fuera una dependencia administrativa. Indicaron que se encontraron artículos de librería, dos mástiles sin bandera e incluso una computadora «con registro de la Provincia, es decir, que forma parte del Poder Ejecutivo».

Ese hallazgo también sirvió al fiscal de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez Barraza, para argumentar su planteo al juez sobre la manipulación que habrían hecho los imputados de posibles elementos de prueba.

Ayer, Soiza pidió la palabra para hablar antes de que se pasara a un cuarto intermedio para que el magistrado, Cristian Piana, dictara su resolución.

El imputado y exdirector de Planes Sociales afirmó sobre los 700.000 pesos secuestrados en los allanamientos: «eran para el pago de sueldos y aguinaldos de mi personal, que tampoco me alcanzaba».