Causa Techo Digno: el debate por la competencia provincial se planteó en los tribunales de Viedma

El debate por la incompatibilidad provincial de la megacausa Techo Digno se formalizó este martes en los tribunales de Viedma y la resolución del juez Juan Brussino se conocerá esta semana.

El planteo que la investigación por el manejo irregular de fondos del plan federal de viviendas por parte de los municipios se traslade a la Justicia Federal fue requerido este martes por el defensor Damián Torres, que patrocina a los exintendentes de San Antonio, Javier Iud y Luis Ojeda.

La semana pasada, Torres realizó igual requerimiento en una causa similar en un juzgado de Roca y, en esa ocasión, en representación del exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro y la actual jefa comunal, Claudia Montanaro.

En esa ocasión, el juez Julio Martínez Vivot rechazó la pretendida incompetencia de la Justicia de Río Negro al entender que los recursos eran de Nación, pero el “municipio (Cervantes) pagaba a los empresarios por las certificaciones de avances de obra”.

Esta discusión se trasladó a los tribunales de Viedma y ya hay audiencias pedidas por Torres con el igual propósito en expedientes gemelos en los juzgados de Cipolletti y de Roca.

En el debate viedmense, Torres repitió que los fondos nacionales nunca ingresaron al patrimonio de los municipios y, por eso, machacó a que la Justicia Federal le corresponde la intervención, agregando que Nación realizó oportunamente demandas civiles a las municipalidades de San Antonio y de Conesa con presentaciones en tribunales federales.

En forma presencial y virtual, la audiencia capitalina tuvo la participación de Torres, con sus representados Iud y Ojeda, de la exjefa comunal de Conesa y hoy parlamentaria del Parlasur, Alejandra Mas, el empresario Juan Castelli y el exfuncionario nacional German Nivello, que fue subsecretario de Desarrollo Urbano, entre 2012 y 2015, y partícipe de los convenios firmados con los distintos municipios.

La fiscalía, representada por Juan Pedro Peralta y Estela Pasarelli, mantuvo su rechazo a que la causa pase a la esfera federal y, en consecuencia, el Poder Judicial de Río Negro abandone lo realizado durante seis años.

La actuación provincial fue confirmada en el 2018 por la Corte Suprema y, desde entonces, en las cuatro circunscripciones se evalúan las actuaciones de exintendentes y empresarios en la ejecución de esos planes federales, con más de una treintena de imputados, mayormente por el delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y uso de documento falso”.