Quién es el nuevo procurador del Tesoro que designó Javier Milei, Santiago Castro Videla
Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni luego de 32 días sin brindar conferencias.
Tras la salida de Rodolfo Barra, el gobierno de Javier Milei confirmó este martes quién ocupará su lugar en la procuración del Tesoro. Se trata de Santiago Castro Videla, de 43 años, abogado y magíster en Derecho Administrativo, a quien califican como «discípulo de Rojas«
La Procuración del Tesoro quedó vacante tras la salida de Rodolfo Barra, a quien se le pidió la renuncia la semana pasada. Barra, exministro de Justicia durante el menemismo, había emitido un dictamen que contradecía los intereses del gobierno libertario.
«El Presidente de la Nación ha definido designar como nuevo Procurador del Tesoro de la Nación a Santiago María Castro Videla. Es un abogado especializado en derecho administrativo y diplomado en derecho constitucional y procesal», anunció el vocero Manuel Adorni, en su primera conferencia de prensa desde la Casa Rosada luego de 32 días de ausencia.
Además, Adorni agradeció al exprocurador por «su aporte y le deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales».
Por qué el Gobierno de Javier Milei echó a Rodolfo Barra de la Procuración General del Tesoro
El gobierno de Javier Milei echó del cargo este viernes a Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro, un catedrático que fue exministro de Justicia de Carlos Menem y exintegrante de la Corte Suprema en esos años.
Uno de los motivos es que el jurista de 77 años vive en el exterior. Como explicaron fuentes de la Casa Rosada al diario El Destape, «hay sospechas de que el jefe de los abogados del Estado haya emitido resoluciones con firma desde el exterior», y esto confluye en un inconveniente ya que todos los funcionarios deben firmar decretos dentro del territorio nacional.
Otro de los motivos es que a Barra se le reprochaba haber dictaminado en contra de los intereses del Gobierno en favor de un particular.
Como explicaron desde el medio de Buenos Aires, «favoreció a una empleada que cobraba un incentivo por parte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cuyo convenio con el Estado fue dado de baja a fin de año pasado».
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