Declaran admisible el amparo por los derrames en Las Grutas

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La Justicia convocó a entidades públicas y privadas para actuar en el amparo ambiental por los derrames cloacales registrados después de Navidad en Las Grutas.

La jueza civil Vanesa Kozaczuk consideró “admisible” el recurso planteado por un grupo de vecinos del balneario y, además, requirió la opinión a “organizaciones afines”, alcanzando al municipio de San Antonio, organismos provinciales, fundaciones y universidades.

La magistrada declaró la legitimidad de los amparistas para iniciar esta “acción de prevención y reparación del daño ambiental denunciado”, centrado en el pedido de intervención por los recientes desbordes y por el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos cloacales de Las Grutas.

“Por la importancia de la acción”, Kozaczuk amplía e invita a “entidades afines”, fijando edictos para su convocatoria, mencionando a la “fundación Inalafquen, escuelas primarias y secundarias, universidades, Cámara de Comercio, Juntas Vecinales, municipalidad de San Antonio, Defensoría del Pueblo (la local y la provincial), Secretaría de Ambiente, DPA y toda otra entidad pública o privada que legítimamente desea sumarse”.

Ese llamado incluye a dos áreas provinciales -Ambiente y DPA- mientras que ARSA -sociedad anónima con mayoría estatal- es la operadora del servicio. El poder de control de la concesión corresponde al Departamento de Aguas, pero hasta ahora ese organismo nada ha manifestado, ni tampoco quiere hacerlo (ver recuadro).

Los próximos pasos

Inicialmente, la jueza aceptó el amparo, restando ahora su análisis para dictar luego la resolución de fondo.

“La petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo”, pues “pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos”.

El amparo fue formalizado por el abogado Carlos Cajarville y otros vecinos contra ARSA, pidiendo la intervención de la delegación y su fiscalización por parte del municipio. En mayo pasado, esa jueza resolvió en otro recurso ambiental en San Antonio por los desechos -sin control- de la captura de langostinos, lo cual, derivó en una audiencia de partes y un posterior acuerdo para su tratamiento.

Actualmente, se debe formalizar la invitación a otras “organizaciones afines” para luego derivar en descargos y audiencias, con la definitiva resolución judicial. Así, el proceso todavía requerirá de un tiempo.

El amparo ambiental fue formalizado días atrás por el abogado Carlos Cajarville y otros pobladores contra la empresa estatal

Aguas Rionegrinas.

En mayo pasado la misma jueza resolvió otro recurso ambiental en San Antonio, por la falta de control sobre los desechos de la captura de langostinos.

El silencio

del DPA

El Plan Castello incluye obras de desagües para Las Grutas por 230 millones, un antiguo proyecto que finalmente se concretará, pero su inicio se estima para el primer semestre, con un plazo de construcción de 24 meses. Su puesta en marcha será en la parte final del 2020.

ARSA opera el presente sistema y seguirá con limitaciones por dos años más. Esta sociedad lanza justificaciones, ligadas a la continua desinversión del Estado, pero la autoridad técnica suprema no tiene nada que decir.

El DPA es el “ente regulador de las concesiones” de riego y saneamiento, con su control y también a cargo de las “acciones de prevenciones y control de contaminación hídrica”.

Pero su presidente, Fernando Curetti, se desligó del tema y se amparó argumentando que el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, es quien habla del Plan Castello. Persistió en la negativa incluso cuando “Río Negro” le pidió la evaluación del DPA sobre la coyuntura.

En el gobierno se ratificó que Valeri era el elegido para hacer declaraciones. Llamativa concentración cuando el DPA -en la teoría- es el organismo técnico, destinado -según su propia página web- a ejercer “la tutela, el gobierno, la administración y el poder de policía sobre el agua pública”. Se concentra en “tareas de control de concesiones, autorizaciones y servicios por servicios de riego, abastecimiento de agua potable y saneamiento” y, entre otras, “control de la calidad y protección de los recursos hídricos”.

“La misión fundamental del DPA es ejercer la tutela, el gobierno, la administración y el poder de policía sobre el agua pública”.

Declaración en la web oficial del organismo.