La columna semana: Músculo

La empresa Mi Bus, los usuarios y el aumento del boleto, en la opinión de Daniel Marzal.

Redacción

Por Redacción

La columna semana: Músculo

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Como una arremetida fuera de registro. Así fue tomada por el gobierno municipal la airada reacción de Amancay SRL ante el recurso de amparo presentado por un grupo de usuarios para frenar el último aumento del boleto. La empresa amenazó con despedir personal y retirar colectivos del servicio si el planteo prosperaba en tribunales.

Finalmente el juez Emilio Riat desestimó por razones formales la pretensión de los usuarios -sin exponer argumento alguno sobre la justicia del reclamo- y la sangre no llegó al río.

Pero el brote de ira de la concesionaria podría dejar secuelas. Alegó en su nota que la judicialización de la pelea por el boleto generaba “incertidumbre e inseguridad jurídica” y la empujaba a una situación de “quebranto financiero”. Que debe ser menos grave que el quebranto a secas, pero igual sonó fuerte.

Las réplicas de concejales oficialistas y opositores fue inmediata. Pero el intendente Gennuso, tal vez por lo inesperado del desplante, tardó bastante en decir lo suyo y optó por medir las palabras. Consideró que la presión ejercida en esos términos era una “irresponsabilidad absoluta” y no aclaró, por ejemplo, a qué se exponía la empresa en caso de recortar el servicio.

Aunque no haya pasado de un amague, la demostración de fuerza de Amancay/Mi Bus introduce un nuevo escenario, dada la relación amable que el gobierno actual mantuvo con la empresa sanjuanina desde el día que se firmó el contrato, a fines de 2016.

Un vínculo (este último) de sugestiva coincidencia con los que tejieron en su momento el gobierno del exintendente Alberto Icare con la exconcesionaria del transporte Tres de Mayo y el de María Martini (antecesora de Gennuso) con Autobuses Santa Fe, que prestó el mismo servicio también por contratación directa.

En ambos casos hubo acumulación de falencias e incumplimientos que pasaron de largo ante la generosa indulgencia municipal.

La corriente de simpatía que ha existido con pocas excepciones entre los gobiernos de turno y las contratistas del transporte parece haber tenido un notorio tropiezo. A Amancay le quedan más de ocho años de concesión. Demasiados para ganarse además del descontento de los usuarios una relación áspera con el concedente.


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