Abuso sexual: la Fiscalía pidió cuatro años para Rubén López y mañana se conocerá la pena

El presidente del tribunal Pablo Repetto pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 para dar a conocer cuántos años le impondrán.

La fiscal Eugenia Vallejos solicitó cuatro años de prisión efectiva para Rubén López por el caso de abuso sexual simple por el que fue condenado días atrás.

En tanto la defensa compuesta por Rolando Villasuso y Pablo Agabios solicitó el mínimo de dos años de prisión en suspenso. El tribunal halló culpable al sindicalista de la fruta de abuso sexual, coacción simple y lesiones leves en contra de una mujer que en ese momento realizaba tareas domésticas en su vivienda. El presidente del tribunal Pablo Repetto pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 para dar a conocer la pena que impondrán.

En la audiencia de cesura que aconteció esta tarde, López habló al inicio y volvió a remarcar su inocencia. “Nunca caí en nada. Hay gente que me quiere y otra que no, pero nunca cometí un delito de esta naturaleza”, indicó.

La Fiscal justificó el pedido de la pena en la relación de poder entre la víctima y el victimario. Además enmarcó la causa desde la perspectiva de género y recordó que en el momento del hecho López era legislador provincial de Río Negro.

Tiene que haber una condena ejemplar, no era un ciudadano común”, expresó la representante del Ministerio Público Fiscal. El hecho por el que fue se responsabilizó a López ocurrió en octubre del 2016 en su vivienda sobre calle Alem.

La denunciante que en ese momento era pareja del hijo del sindicalista, relató que fue manoseada mientras realizaba tareas domésticas. También aseguró que López amenazó con matarla si contaba lo sucedido.

En tanto la defensa solicitó el mínimo de la pena de dos años. Pablo Agabios, en respuesta al planteo de la fiscalía, indicó que no debía tomarse en cuenta la perspectiva de género porque no había sido introducida en el debate oral. “Se estaría violando el principio de amplitud de la defensa”, indicó. Además alegó que el imputado no tiene antecedentes penales. “No hay necesidad de coartar la libertad”, fundamentó Villasuso.


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