Piden que se declare la emergencia sanitaria en Neuquén por el estado del río

Integrantes del Consejo Asesor Económico Social y de Planeamiento (CAESyP) insistieron en que los concejales deben sancionar una ordenanza que declare la emergencia sanitaria en Neuquén, para buscar modificar la contaminación de los ríos y napas con vertidos cloacales.

Quieren que se organice un grupo de trabajo interdisciplinario que actúe en solucionar los problemas, y que el trabajo perdure más allá de una gestión u otra.

“Coincidimos en el diagnóstico”, indicaron los concejales. Pero desde el oficialismo quiroguista se indicó que el “posicionamiento público” de una declaración, no afectará la utilidad práctica “más allá de lo que hay”, o se está haciendo, dijo concretamente el edil Santiago Montórfano (NCN).

Oscar Rossi, Cristina Sardá y Luis Enrique Olarte no coincidieron. Buscan que se inicie cuanto antes la conjunción de esfuerzos para analizar la problemática de los ríos.

Bregaron por la efectiva “vigilancia ambiental” que logre detener el accionar de empresas y particulares que saturan u obstruyen desagüe con desechos cloacales o químicos que finalizan en el río.

Un acuerdo entre el oficialismo y la oposición permitió consensuar ayer un proyecto para declarar el alerta hídrico ambiental en todos los cursos de agua de la provincia durante cinco años. El texto se emitió como despacho de la comisión de Medio Ambiente con once votos y establece, entre otras medidas, crear un comité con participación de la ciudadanía que pueda proponer un plan de acción para su control y saneamiento.

“Es importantísimo porque generamos una ley netamente operativa. No se está declarando únicamente un alerta o emergencia, acá se está diciendo qué controles hay que hacer, quién los va a hacer, dónde tienen que ir, qué pasos dar antes de otorgar una licencia comercial y se prohiben todas las descargas pluviales al sistema de conducción cloacal”, sostuvo Claudio Domínguez (MPN), presidente de la comisión.

Indicó que la redacción se acordó, no sólo con diputados de otros bloques, sino también con las organizaciones de la Red en Defensa de los Ríos. “Estuvimos el lunes trabajando artículo por artículo con ellos hasta que se llegó a esto y pudimos someterlo a consideración”, agregó.

El proyecto declara la situación de alerta hídrico ambiental a partir de la sanción de la ley por el término de cinco años, prorrogables por el Poder Ejecutivo. La autoridad de aplicación será Recursos Hídricos, encargada de dar las autorizaciones, imponer multas y sanciones y administrar un fondo especial.

Con el alerta, se constituirá un comité integrado por funcionarios de varios ministerios, dos diputados, un representante del EPAS, uno de la AIC, otro del Coirco, y cuatro miembros de la sociedad civil nombrados por la Legislatura que definirán el plan de acción.

El texto establece, entre otras medidas, que los municipios deberán ejecutar “de manera urgente” las obras civiles necesarias para evitar que los evacuadores pluviales descarguen en el sistema cloacal, algo que, a partir de la sanción de la ley, quedará prohibido.

“Siento mucha satisfacción porque éste es el resultado de todo un año de trabajo junto a las organizaciones que conformamos la Red en Defensa de los Ríos y los vecinos que durante todo el verano se movilizaron”, manifestó Santiago Nogueira (Libres del Sur), quien participó de la iniciativa.

Raúl Podestá (FG-NE) destacó el despacho como “una herramienta para proteger a futuro a los cursos de agua de la provincia”. Sólo la diputada Patricia Jure (FIT) no acompañó el despacho y sostuvo uno por minoría parar declarar la “emergencia hídrica”.

El proyecto debe ser aprobado en otras dos comisiones antes de pasar al recinto, donde tendría asegurada su aprobación.

La propuesta contempla la creación de un comité formado por miembros de sociedades civiles,
el EPAS, AIC, Coirco, diputados y agentes de varios ministerios.