Acusaron a dirigente sindical de usurpar un predio donde había antenas de radios
Fue en abril cuando los dirigentes del gremio estatal cortaron el suministro eléctrico en un predio donde había equipos de transmisión que había sido alquilado por la anterior conducción del sindicato.
El gremio aduce que recibió una intimación de CALF para pagar una abultada deuda y por eso cortó la energía (Archivo)
El fiscal del caso Marcelo Jara formuló cargos contra Carlos Quintriqueo, titular la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia de Neuquén, por haber ingresado ilegalmente a un predio que pertenece al gremio, pero en el que mediante un convenio suscrito a nivel nacional, funcionan instalaciones técnicas de un grupo de medios de comunicación.
Según explicó Jara, los hechos ocurrieron el 13 de abril de 2021, cuando Quintriqueo ingresó ilegalmente a un predio ubicado un sector del denominado Parque Norte de la ciudad de Neuquén.
Describió que, desde hace tres años y mediante un convenio celebrado con ATE Nación, en el predio funcionan antenas y equipamiento técnico de emisoras radiales pertenecientes a Irradia.
El ingreso, afirmó el fiscal, fue por la fuerza, ya que se rompieron los candados del cerco perimetral y dos de los candados de las cabinas en donde se resguardaban equipos informáticos y de radiotransmisión.
Finalmente, Quintriqueo y un grupo de personas no identificadas procedieron a cortar la energía de la antena satelital, lo que generó el corte abrupto de la transmisión de tres frecuencias de FM.
A partir de esos hechos y junto a la asistente letrada Elisa Carossio, Jara formuló cargos contra Carlos Enrique Quintriqueo por el delito de usurpación, en calidad de autor (artículos 45 y 181, inciso 1, del Código Penal).
El juez de garantías a cargo de la audiencia tuvo por formulados los cargos y fijó el período de investigación en cuatro meses.
El fiscal del caso Marcelo Jara formuló cargos contra Carlos Quintriqueo, titular la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia de Neuquén, por haber ingresado ilegalmente a un predio que pertenece al gremio, pero en el que mediante un convenio suscrito a nivel nacional, funcionan instalaciones técnicas de un grupo de medios de comunicación.
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