Carreras apura aval legislativo y va por un préstamo de 2.000 millones

Río Negro apura un aval legislativo para acceder en junio a un préstamo de Nación, que estará entre los 1.500 millones y los 2.000 millones de pesos.

El permiso requerido también proyecta la posibilidad de la renegociación de su deuda pública. Por encima de sus resultados, el próximo mes, la provincia tiene un vencimiento de intereses del Plan Castello por 11 millones de dólares, es decir, unos 748 millones de pesos.

La inmediata disponibilidad de recursos a traves de un crédito del Estado nacional es el objetivo prioritario del proyecto remitido por la gobernadora Arabela Carreras a la Legislatura, pidiendo que se autorice a la firma de un convenio para acceder a un préstamo a tres años.

La asignación para las provincias tiene parametros fijados y Río Negro, según sus cálculos, estima un desembolso entre 1.500 y 2.000 millones. Una transferencia en ese rango representaría la cobertura del medio aguinaldo de junio.

Hasta ahora, la administración rionegrina percibió 787 millones de Nación, en dos ATN. El primero, de 499 millones, fue enviado en abril y al inicio de mayo se transfirieron 288 millones. Otro monto similar -según los anuncios presidenciales- se preveía para antes de concluir este mes, pero Interior aclaró que el financiamiento a las provincias se trasladaba a los préstamos anunciados. Por eso, en los últimos días, la cartera económica rionegrina se concentró en la concreción del empréstito.

Las transferencias están estimadas para junio, a pesar que todavia se desconoce si será una o varias entregas. ¿El monto? Su definición corresponde al equipo de Martín Guzman pero, días atrás, fijaron algunos criterios en el reparto, como desfinanciamiento, índice de necesidades insastifechas, informalidad laboral y números de enfermos por el coronavirus.
Los tiempos urgen y la gobernadora pretende que la Legislatura facilite rapidamente los instrumentos. Se prevé una sesión para el próximo viernes.

El viernes, el bloque del oficialismo ya analizó la iniciativa con el ministro Luis Vaisberg y su equipo.

La ley propuesta permite que Economía firme los convenios para adherir al Programa para la Emergencia Financiera Provincial para “sostener el normal funcionamiento“ y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia”. Avala afectar la coparticipación como “garantía de repago” hasta el total de préstamo aunque no existe precisiones del monto. En cambio, establece condiciones del préstamo, como una “asistencia en pesos” y un plazo de 36 cuotas mensuales.

Otro artículo permite al gobierno rionegrino “refinanciar, renegociar y modificar términos” de su deuda provincial. Su avance real depende de distintas variantes, desde conversaciones con tenedores de títulos hasta la orientación de la Nación, hoy ocupada en el definitivo resultado de su labor para un acuerdo con sus acreedores.

Una potencial renegociación tiene otros plazos, salvo la urgencia impuesta por un vencimiento de los bonos en dólares del 2017. Río Negro debe pagar en junio intereses de esos títulos del Plan Castello, totalizando 11 millones de dólares: unos 748 millones. Su impacto en las arcas provinciales puede advertirse que esa exigencia casi equivale a los fondos enviados por Nación por la pandemia.

La norma impulsada por Carreras se complementa con otros conocidos instrumentos, con nuevos montos para el uso de las cuentas unificadas o de la emisión de Letras del Tesoro. Pero, su utilización se prevé a partir del 1° de enero del 2021, previéndose 5.000 millones para títulos y 3.600 millones de pesos.

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Gestos políticos en la “reestructuración”

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La autorización en favor de la refinanciación de la deuda pública propondrá también un análisis en lo político.

El oficialismo incluye la opción en su proyecto aunque ya el legislador del FdT, Marcelo Mango había punteado con una iniciativa (la suya, centrada en los compromisos en dólares), con la cual, insistió en la última sesión. Luego, Mango se reunió con el ministro Luis Vaisberg y el titular del bloque oficialista, Facundo López.

Aún así, el gesto oficialista más llamativo figura en la fundamentación parlamentaria al consignar el antecedente de Mango y que se lo “recepta” por plantear “conceptos similares” para la reestructuración de la deuda rionegrina.

Los primeros sorprendidos: los legisladores del Frente de Todos.

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Los criterios de Nación en la distribución

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Economía provincial no arriesga números, pero el piso estaría en 1.500 millones -con el índice de la coparticipación- y el techo en los 2.000 millones de pesos.

El Fondo nacional para créditos es de los 60.000 millones.
No faltará cierta flexibilización política, pero Economía aplicó un mecanismo con la resolución N° 223.

Esta norma dispuso parámetros: el 60% responderá a “financiar los requerimientos de aquellas provincias que presenten necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas”; un 20% estará vinculada con el “índice de Necesidades Básicas Insatisfechas” y el otro 20 % se compondrá con dos referencias: técnicas, como el número de “informalidad” laboral y de “cuentapropistas” (un 50%), y la cantidad de personas contagiadas por Covid-19 por cada 100.000 habitantes (el otro 50% ).

Antes, el Programa nacional -según el decreto N° 350/20- fijaba condiciones del préstamo: 36 meses consecutivos, una tasa simbólica del 0,10% y un periodo de gracia hasta el próximo 31 de diciembre.