Causa APEL: amplían la acusación contra Gatica

El fiscal Juan Pedro Puntel realizó una tercera imputación contra Alejandro Gatica, secretario general de APEL, en el marco de la causa por el fondo de vivienda que fuera manejado por el gremio legislativo.

La acusación en la última audicencia de formulación de cargos fue por el delito de defraudación por administración infiel y por abuso, ambas en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor.

Según la acusación Gatica, con la participación de la secretaria de Finanzas de la entidad gremial, entre abril de 2013 y octubre de 2014, “violando los deberes impuestos por la Ley de administración financiera y los intereses pecuniarios confiados en virtud de la Resolución Nº 4/2010 y Decreto Reglamentario de la Legislatura de Río Negro, defraudó al Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Estado Provincial causándole un perjuicio total estimado de 14 millones de pesos”.

Puntel destacó en la audiencia, desarrollada ante el Juez Ignacio Gandolfi, que la pericia realizada por el equipo contable de la Procuración General arrojó como resultado que los imputados no realizaron “la debida rendición legal de dichos fondos, ni justificaron su legítima utilización en forma alguna, como así tampoco la devolvieron con posterioridad al organismo interventor”.

Ante los cuestionamientos realizados por los abogados defensores, Corvalán y Laurroulet relacionados con la pertinencia temporal de la acusación y la responsabilidad de sus defendidos en el presunto delito imputado, el fiscal explicó que “toda la documentación que constaba en el gremio se secuestró cuando el Fondo fue intervenido y no existe justificación de estos 14 millones de pesos”.

“Eventualmente discutiremos en un debate cuándo hay ardid, cuándo no, qué significan fondos públicos. Lo que esta acusación afirma hoy es que ésta es una maniobra más de otras que ya se investigan y cuyo perjuicio es real porque esa plata no está y formaba parte de ese fondo, que es público”, expresó el fiscal.

Luego de detallar el sustento probatorio con el que cuenta para llegar a la instancia de formulación de cargos, constituido por la pericia contable de la que se desprenden diversas irregularidades, el fiscal explicó que, con el consenso de la defensa, a fines de septiembre requerirán la audiencia de control de acusación, instancia anterior al inicio del debate oral y público.

Por su parte, la defensa fue muy crítica con el proceso en marcha, a la vez, que solicitó el sobreseimiento al considerar el vencimiento de los plazos de investigación.

Néstor Larroulet abundó en ese argumento mientras cuestionó la tipificación porque los recursos aludidos en la acusación no son fondos públicos. A su turno, el otro defensor, Edgardo Corvalán avanzó en consideraciones generales, señalando que la fiscalía quiere especialmente una “condena social” para los imputados y aludió a fallos mediatizados de la Justicia.

Al final, el juez aludió al tema con cuestionamientos a Corvalán por esas apreciaciones.