Cipolletti: a cinco años del atentado, ganó la impunidad

La Justicia Federal agotó varias líneas de investigación pero ninguna condujo a los responsables de la bomba que mató al barrendero municipal José Maciel en Cipolletti.

CIPOLLETTI

CIPOLLETTI (AC).- “A la causa de papá la archivaron, porque ya agotaron todas las líneas de investigación. Eso me dijeron en el juzgado”. Así lo lamentó Mariana, la hija de José Maciel, el barrendero municipal de Cipolletti que en la madrugada del 13 de julio de 2010 manipuló una bolsa y activó una bomba casera que estaba en el interior. En pocos días se cumplen cinco años de ese atentado, que no tiene precedentes en la región, y que seguramente quedará impune.

“La causa está gorda de nada”, dijo Mariana el año pasado, en el cuarto aniversario del asesinato de su padre. El explosivo que mató a Maciel había sido colocado en la vereda de la Escuela de Policía y de la Brigada de Investigaciones, que funcionaban en edificios contiguos de la calle Fernández Oro. Eso ocurrió a las 3 de la mañana y un par de horas después un grupo especializado pudo desactivar otra bomba que había quedado abandonada en la ventana de la empresa Telefónica, sobre la calle Miguel Muñoz, a pocos metros de la Comisaría Cuarta de Cipolletti.

Después del atentado la agrupación chilena anarquista “Liberación Total” se adjudicó el ataque y dijo en internet que el blanco era un policía y que habían asesinado a Maciel por error. El barrendero, de 60 años, estaba casado con Olga y tenía cinco hijos.

Los investigadores se volcaron a la pista chilena pero la causa nunca tuvo imputados ni testigos directos y mucho menos pruebas convincentes para sostener esa hipótesis. Se especuló también con la posibilidad de que el hecho tuviera vinculaciones con el negocio del narcotráfico en la región y se barajaron otras hipótesis, algunas descabelladas. (Ver aparte)

La Justicia provincial tuvo la causa los primeros cuatro meses y después, por una cuestión de competencia, cambió de fuero. Los expedientes se enviaron al Juzgado Federal de Roca y allí se escucharon los testimonios de cuatro personas, que declararon con identidad reservada. Se entrecruzaron llamados, realizaron escuchas y analizaron las imágenes de una cámara de seguridad pero ninguna de las medidas permitió grandes avances.

Hace un tiempo una “testigo clave” encendió las esperanzas de la familia Maciel pero después “resultó ser una mujer demente” y la hipótesis se cayó. Al tiempo mandaron a analizar un pelo, el único que rescataron del lugar del hecho “porque como los Bomberos creyeron que se incendiaba un auto tiraron mucha agua y se perdió prueba”, explicó la familia.

Como los Maciel se quedaron sin asesoramiento jurídico, el año pasado la Justicia Federal designó como querellante a Gabriela Labat, que es funcionaria del Ministerio Público de la Defensa. Ella solicitó la intervención de la Policía Federal de Buenos Aires y esa delegación estableció el posible mecanismo del hecho y el tipo de explosivo utilizado. Además elaboró un croquis e insistió con los videos de seguridad de la estación de servicio cercana. También se incorporaron nuevas declaraciones testimoniales, pero nada de eso arrojó resultados. “La causa está cerrada, archivada”, sostuvo Mariana. “Lo de mi papá fue un ataque a la Provincia, a la Policía. Esto fue una mexicaneada, como se conoce en la jerga. Para mí el que puso la bomba está acá, no hay que buscar nada afuera”, insistió.


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