Cuestionan la resolución que habilita a las fuerzas federales a usar armas

La resolución de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que habilita a las fuerzas de seguridad a utilizar armas de fuego cuando consideren que están bajo amenaza, conocida como “doctrina Chocobar” generó la reacción de los sectores políticos de la región.

Si bien la mayoría de las fuerzas políticas se manifestaron en contra porque consideran que se pone en riesgo “la seguridad de la población civil” otros apoyaron la iniciativa que entró en vigencia tras su publicación en el boletín oficial.

Para el concejal de Cambiemos en Neuquén, Francisco Sánchez, la decisión es “un freno a la tendencia garantista”. Aseguró que el gobierno nacional “dio una muestra a seguir respecto de la seguridad y el accionar contra la delincuencia”.

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Y continuó: “Tenemos que sacarnos la careta de la tendencia garantista y tomar el toro por las astas y enfrentar a la delincuencia con todas las armas posibles si de verdad queremos una sociedad ordenada. No podemos mirar al costado y permitir que la delincuencia se instale como un modo de vida, como una característica cultural, que se apropie de los sueños de los jóvenes”, recalcó y agregó que para evitar “que la delincuencia sea el futuro” es necesario “usar las herramientas que sean necesarias”.

En el otro extremo se ubicó el diputado provincial Raúl Godoy quien aseguró que la resolución de Bullrich es “directamente volver a la ley de fugas” donde “te hacían correr por tu vida , hacías cinco pasos y te disparaban”.

Comparó la posibilidad que tienen ahora las fuerzas federales de utilizar sus armas reglamentarias incluso contra personas no armas con “ejecuciones sumarias. Va a plantear fusilamientos a los pibes de los barrios, a quienes nos manifestamos o a quién se les ocurra”, agregó.

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En Río Negro, la APDH regional Bariloche rechazó y repudió la resolución “que legaliza la doctrina Chocobar, el gatillo fácil y ataca en forma clara el beneficio de inocencia creando al mismo tiempo una defensa propia inexistente en el código Penal a favor de las acciones represivas”.

Agregó que “esta nueva decisión del ministerio de Seguridad va de la mano con las manifestaciones de alentar el uso de armas de fuego por los particulares”.

La senador Magdalena Odarda también rechazó el contenido de la Resolución 956/18 que para ella “viola el principio de inocencia” y “legaliza la implementación de la violencia por parte del Estado, principal responsable de proteger la vida y de garantizar la seguridad de todas las personas”.

Además consideró que la nueva reglamentación “se encuentra destinado a disciplinar a quienes hagan uso de su derecho constitucional de manifestarse y de peticionar a las autoridades, lo que convierte a este reglamento en una herramienta que permitirá a cualquier integrante de las fuerzas matar con impunidad, convirtiendo así en ley al gatillo fácil”.