De los planes al trabajo

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Ninguna gestión logró tender puentes eficaces entre la asistencia y el empleo genuino. Para muchos expertos, el problema se encuentra en la pérdida de vista del factor educativo, la burocratización y el uso político.

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Esta semana el presidente pidió a sus ministros del gabinete económico apurar las gestiones para un plan de reconversión de los planes sociales, que no han cesado de crecer desde hace más de diez años e insumen cada vez más recursos del Estado, sin lograr dar el paso necesario para que quienes reciben un paliativo a su situación de pobreza logren un trabajo digno que les permita dejar de depender de estas transferencias.

Según las cifras del gobierno, los planes alcanzan a poco menos de un millón de personas y demandan recursos que llegan a $180.000 millones. En muchos casos se suman a programas como la tarjeta Alimentar, que cobran 2,3 millones de familias, o la Asignación Universal por Hijo que llega a 4,4 millones.

El objetivo inicial es que por medio de incentivos fiscales, pymes y cooperativas puedan crear 50.000 nuevos puestos en 2022 para jóvenes de entre 18 y 24 años -que forman el 50% de la desocupación registrada en el país- y se incorporen al mercado del trabajo formal.

No es el primer intento. Los planes sociales nacieron en la década del ‘90, cuando las reformas de mercado y privatizaciones aumentaron la desocupación. Se idearon como un subsidio directo al empleo para que quienes habían quedado afuera del mercado laboral pudieran capacitarse en el lugar de trabajo (empresas, Estado, cooperativas) y mejorar su “empleabilidad” a futuro. El sistema se volvió masivo tras el colapso de 2001, cuando el gobierno de Duhalde creó el plan “jefes y jefas de Hogar” para 2,2 millones de personas y se pasó a las transferencias directas, con una contraprestación.

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Se idearon como subsidios al empleo para paliar la desocupación y capacitar en el trabajo a quienes buscaban reinsertarse en el mercado laboral. Si hicieron permanentes y no disminuyeron incluso en épocas de alto crecimiento económico.

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Fue pensado como una salida temporal y de administración municipal y comunitaria, pero fue cooptado por la política y derivó en formas de clientelismo que subsisten hasta hoy. Durante los 12 años de los Kirchner, se buscó universalizar las transferencias mediante la AUH y jubilaciones sin aportes. Pero pese a que el PIB creció a “tasas chinas” del 8-9% anual y se crearon 2 millones de empleos privados, los beneficiarios no dejaron de crecer. El gobierno de Macri intentó volver al principio formativo, con el “Plan Empalme” pero disputas con la CGT y errores propios lo hicieron fracasar. Los planes sociales crecieron un 627%, mientras se destruyeron unos 200.000 empleos formales.

Ninguna gestión logró tender puentes eficaces entre la asistencia y el trabajo genuino. Para muchos expertos, el problema se encuentra en la pérdida de vista del factor educativo. Según el instituto Idesa, el 60% de quienes reciben planes no terminó la secundaria y carece de habilidades mínimas exigidas por las empresas que dan trabajo de calidad. Y las capacitaciones que reciben sirven a lo sumo para conseguir empleos en la informalidad. Por otra parte, sus hijos son parte del 50% de los que no terminan el secundario, perpetuando el círculo. Tampoco se ha tenido en cuenta la “feminización de la pobreza” argentina: buena parte de quienes reciben asistencia social son mujeres a cargo del hogar, pero no se contemplan las tareas de cuidado. Cooperativas y emprendimientos fracasaron por falta de planificación, apoyo y viabilidad económica.

Otro elemento es la burocratización del proceso. Nación concentra proyectos, fondos y negocia discrecionalmente con organizaciones sociales, que manejan presupuestos millonarios con escaso control. Se superponen iniciativas y burocracias, “intermediarios” entre el Estado y las personas que favorecen el oportunismo político, el clientelismo y la corrupción.

Si el gobierno desea realmente ayudar a quienes hoy dependen de la ayuda estatal o están en el sector informal, debiera tratar de reconstruir un Estado financieramente sustentable que genere servicios de calidad y oportunidades a sus ciudadanos. Esto incluye repensar la educación y los irracionales sistemas tributario y laboral, que hoy castigan a emprendedores privados y, especialmente, a pequeñas y medianas empresas y productores, y desalientan la contratación y formación de trabajadores.