Costosa imprudencia: el impacto económico de los siniestros en moto

Más de diez personas pierden la vida diariamente en accidentes de tránsito en Argentina, según los datos del Observatorio de Seguridad Vial. De estas muertes, el 42% involucran a motociclistas, mientras que los automóviles participan en el 23% de los siniestros viales. Anualmente, se registran alrededor de 70.000 siniestros con víctimas, de los cuales el 96% corresponde a incidentes con lesionados y el 4% restante son fatales, que resultan en fallecimientos. Este panorama de la siniestralidad vial resalta la vulnerabilidad de la moto como medio de transporte, ya que seis de cada diez heridos sufrieron el accidente mientras se trasladaban en moto.

Sin embargo, detrás de cada estadística, hay historias de vidas truncadas, familias devastadas y comunidades que enfrentan el impacto social y económico de estas tragedias.

Las consecuencias de estos accidentes no se limitan solo a las muertes.

Una investigación llevada a cabo por la consultora Agencia Atenas, revela que, por cada persona fallecida en un accidente de tráfico, al menos dos quedan con secuelas que cambian drásticamente sus vidas.

Esto incluye discapacidades transitorias o permanentes que no solo afectan a la víctima, sino también a sus familias, quienes deben asumir la carga emocional, social y económica de cuidar a un ser querido con limitaciones.

A este panorama devastador se suma que el 80% de los accidentados son hombres jóvenes, quienes muchas veces son el sostén del hogar, generando un impacto económico aún más grave para esas familias.

Por cada persona fallecida en un accidente de tráfico, al menos dos quedan con secuelas que pueden cambiar drásticamente sus vidas.

Misiones: la más afectada

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Santiago del Estero y Chaco son las provincias con el mayor número de víctimas fatales en accidentes de moto en proporción a su población total. Sin embargo, al analizar estos datos de cerca en relación al parque vehicular de motos, se observa que Misiones es la provincia más afectada por este fenómeno, por encima de Santiago del Estero y Chaco, según los datos obtenidos por Agencia Atenas.

Misiones es la provincia más afectada, con mayor cantidad de víctimas fatales en accidentes de motos.

Las lesiones derivadas de los accidentes viales son diversas, pero algunas destacan por su frecuencia y gravedad. Según el Observatorio Nacional Vial, el 40.3% de las lesiones corresponden a extremidades, mientras que las lesiones espinales y craneales son las principales causas de discapacidad a largo plazo.

Estas secuelas no solo afectan la salud física de las víctimas, sino que también provocan consecuencias psicosociales significativas, como la pérdida de autonomía y dificultades para establecer relaciones sociales.

Un análisis más detallado revela que el 65.9% de las personas con discapacidad a causa de accidentes presenta una única dificultad, generalmente motora. Esta limitación impacta directamente en su calidad de vida y muchas veces también en su capacidad para participar plenamente en la vida social. La discapacidad resultante de un accidente no solo representa una lucha personal, sino también un desafío para la familia y la comunidad.

Entender estas secuelas y sus implicaciones es esencial para desarrollar estrategias de prevención y apoyo que aborden tanto los aspectos físicos como emocionales de las víctimas, mejorando así su integración y bienestar en la sociedad.

La dimensión económica de la siniestralidad vial

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El impacto de los accidentes de tránsito en Argentina trasciende las tragedias personales.

Un informe del Observatorio Nacional Vial revela que la siniestralidad vial genera un costo económico anual equivalente al 1.7% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Este monto abarca gastos médicos, pérdidas de productividad, daños a la propiedad y otros costos relacionados.

La magnitud de esta cifra subraya la urgencia de abordar el problema desde una perspectiva económica, dado que el impacto financiero es tanto significativo como creciente.

La falta de concientización de la sociedad, de controles adecuados, de inversión en infraestructura y seguridad vial, perpetúa un ciclo de costos que podrían evitarse.

La implementación de políticas públicas efectivas tiene el potencial de reducir drásticamente la cantidad de accidentes y sus consecuencias. Sin embargo, lograr este cambio requiere un compromiso colectivo, tanto de las autoridades como de la sociedad civil.

Abordar la siniestralidad vial con seriedad no sólo salvaría vidas, sino que también aliviaría una carga económica considerable, promoviendo un entorno más seguro y sostenible para todos.

* Agencia Atenas. Con la colaboración de la Mg. Jennifer Pérez Olivera.