La rosca política antes que las prioridades económicas

La economía es política. Es imposible desconocer esa sentencia a estas alturas.
La idea de un modelo económico aséptico y despojado de ideologías, que simplemente opere sobre variables frías y series de regresión matemática, quedó hace tiempo guardada en los anales de la teoría neoclásica, de enorme arraigo en la segunda mitad del Siglo XX y cuyo esplendor llegó al ocaso a fines de los años ‘90.

La realidad es que detrás de cualquier medida económica lo que existen son personas. Las personas se relacionan y construyen la vida en sociedad mediante la política. Y la política suele tener prioridades distintas a las que indica el tablero de la macroeconomía. Mezquindades, especulaciones, alianzas, acuerdos que van más allá de las necesidades de la gestión.

Es en ese marco que llega la instancia definitoria del acuerdo con el Fondo Monetario. Una instancia que por diferentes motivos, pone incómodos a todos y cada uno de los actores de la política argenta.
Lo cierto es que ningún acuerdo con el FMI es “un buen acuerdo”. Lo mejor sería tener al Fondo lo más lejos posible del comando de la economía nacional. Nunca en sus casi 80 años de historia, las recetas del organismo sirvieron para que los países que recibieron su asistencia logren recomponer su economía.

No obstante y dado el dato fáctico de que el Fondo ya está adentro de la ecuación económica y política, está claro que la mejor alternativa de todas, era alcanzar un entendimiento, y esperar que el mismo fuera “lo más favorable posible”.

Con tal premisa, la primera impresión respecto al acuerdo que el Poder Ejecutivo giró esta semana al Congreso de la Nación, es que se trata de un acuerdo viable, de posible cumplimiento, y con metas menos exigentes que las aplicadas en otras ocasiones por el organismo en este tipo de entendimientos.
A trazo grueso: se evitó (al menos hasta 2023) la imposición de reformas estructurales (laboral y previsional), se estableció un sendero de ajuste que a simple vista no resulta imposible, se pone el foco en reducir la inflación a un rango de entre el 38% y el 48%, lo que a priori no resulta inverosímil, y se plantea un necesario esquema de revisión de tarifas que impacta sobre el segmento de mayores ingresos y garantiza que el 90% de los usuarios no recibirá aumentos de tarifas mayores a la evolución de los salarios.

La meta fiscal estipulada para 2022 es un rojo fiscal primario de 2,5% del PBI. Significa un ajuste de medio punto del producto respecto al déficit fiscal del 3% con el que cerró 2021. Según los propios emisarios del Fondo, la revisión de los subsidios a la energía aportaría un recorte del 0,6% del PBI, con lo cual la meta luce más que cumplible. Vale recordar que el Ministro Martín Guzmán sobre cumplió la meta fiscal de 2021, y aún sin la supervisión del Fondo, aplicó el año pasado un ajuste de un punto del producto.

En el caso de las tarifas, resulta que el 80% de los usuarios recibirá un aumento equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año pasado. Ese ratio cerró 2021 en 53%, lo que implica que para el grueso de los usuarios el aumento de tarifas será como máximo del 42% en 2022. Para que la ecuación “virtuosa” se cumpla, los salarios debieran crecer más que el 42% este año. Habrá que esperar para conocer la forma en que el equipo de Guzmán coordinará ese objetivo con la meta de una inflación de entre el 38% y el 48%.

Sabido es que el punto culmine de toda negociación no llega sin que aparezcan detalles inesperados. No fue la excepción.

En la evaluación ex post que el Board del organismo publicó en diciembre respecto al crédito Stand By otorgado a la Argentina en 2018, los directores indicaron que la fuga de capitales fue uno de los factores que llevó el programa al fracaso. “Los crecientes pagos netos de deuda privada, sumados a la fuga de los capitales de residentes, sometieron al tipo de cambio a una presión considerable”, indica el informe de forma textual.

Más adelante recalcan que los controles de capital hubiesen sido una herramienta adecuada, dado el contexto. “Los directores observaron que las líneas rojas trazadas por el entonces gobierno con respecto a ciertas políticas pueden haber descartado medidas que podrían haber sido críticas para el programa, tales como una operación de deuda y el uso de medidas de gestión de los flujos de capital” agregan.

Está a la vista que el desmantelamiento de todos los controles de capital en 2016, y el haber abierto la puerta de par en par para la entrada de capitales especulativos que se dedicaron a la bicicleta financiera, es el origen real del desbarajuste que se intenta resolver desde hace dos años.

Esta semana el Senador por Río Negro, Alberto Weretilnek, explicó la secuencia con una claridad inusual para el prime time de la televisión. “Cuando entran los u$s 44.000 millones, el 80% fue a pagar deuda en dólares y el 14% a pagar deuda en pesos. Se pudo haber hecho una renegociación de esa deuda, pero se prefirió pagar al contado a los fondos amigos y a los bancos amigos”, indicó. “La plata que se pagó a esos fondos y esos bancos, se fue del país inmediatamente. Hubo mala praxis en todo el crédito, que se tomó violando la Constitución Nacional, la plata se fue, y ahora tenemos que discutir cómo hacemos para pagar”, agregó.

Pocas veces mejor explicado. La ausencia de control a la entrada y salida de capital, fue la génesis del problema.

Llamativamente, apenas minutos después de girado el acuerdo con el FMI al Congreso de la Nación, Julie Kozack, Directora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, indicó que junto a las autoridades argentinas buscan “encontrar formas de mejorar los mecanismos de control de capital” y que auspiciarán “un plan para reducir esos controles” y “migrar hacia un esquema de controles macroprudenciales”.

La lectura entrelíneas es que el FMI pretende regresar a un esquema de apertura de la cuenta capital, y que buscará volver a desarticular los controles.
Parece un detalle menor cuando todas las luces apuntan al tema tarifas, pero se trata del núcleo central del desequilibrio financiero que llevó las cosas a este punto.

Nadie debería sorprenderse, pero los hechos lo confirman una vez más: en medio de una crisis y cuando la economía nacional pende de un hilo, los representantes de la política piensan más en su propio beneficio que en hallar una alternativa superadora.
El acuerdo con el Fondo, pone a todo el arco político en un lugar indeseado.

En el caso del gobierno, prima la necesidad de gestionar y de llevar el barco a buen puerto en 2023. El Presidente Alberto Fernández y su Ministro de Economía, enarbolan la responsabilidad como bandera. No tienen alternativa, la papa caliente reside en sus manos. De no ser así, muy probablemente se inscribirían entre quienes critican el rol disciplinador del organismo y lo nocivo de sus políticas. No por ello, dejan de estar en un lugar incómodo: de ahora en más, deberán convivir con la auditoría permanente del Fondo y los grados de libertad para hacer política, se verán acotados al máximo.

En el kirchnerismo duro se encuentra quizá la actitud más egoísta. El bloque de diputados que responde a Máximo Kirchner publicó un video evocando a Néstor Kirchner y su antagonismo con el FMI. La decisión es despegarse por completo del acuerdo que su propio gobierno persigue, a fin de conservar intacta la matriz ideológica del espacio. Sea como sea que resulte el acuerdo, podrán ufanarse de nunca haber estrechado la mano con el Fondo.

La jugada es por demás mezquina. El momento y las urgencias del gobierno que el mismo kirchnerismo integra, pide un gesto de pragmatismo. No obstante, también deja expuesto al macrismo. El espacio de Máximo Kirchner “primereó” a sus pares de la oposición, adelantando el rechazo al acuerdo, y trasladando la responsabilidad por el desenlace a la vereda de enfrente.

En Juntos por el Cambio, también afloran las mezquindades y la rosca política. Los radicales y la Coalición Cívica, prefieren acompañar el acuerdo, pero critican la letra chica y pretenden que las metas económicas queden afuera del texto de la ley, para no condicionar un posible gobierno propio desde 2023. En el PRO en cambio, escogieron el acting del ofendido. La puesta en escena de la retirada en bloque de la Asamblea Legislativa, va a contramano de la consigna que históricamente esgrimió ese sector respecto al republicanismo y el respeto por las instituciones.

Los hechos que se citan no ocurrieron el Siglo pasado. Tuvieron lugar hace apenas un par de años. El acuerdo con el FMI pone al macrismo frente al espejo de su propio fracaso económico. Un fracaso que pretende negar apelando a artilugios numéricos para alegar que el endeudamiento sucedió antes y después de su gobierno.

El dilema es apoyar el acuerdo o dejar al gobierno librado a su suerte. Apoyar denota coherencia: fue el macrismo quien volvió a traer al organismo al país. A la vez implica volver a quedar pegados a un acuerdo con el FMI, y hacerse cargo de las condicionalidades del mismo en caso de volver a acceder al poder en 2023. Patear el tablero en cambio, significaría cargar con el estigma político no solo de haber pedido un crédito imposible de pagar en 2018, sino de también haber generado las condiciones para que ese mismo crédito se transforme en default.

Cuesta imaginar que este último sea el camino de los y las representantes del PRO. El establishment argentino es el lugar de pertenencia original de Mauricio Macri. Difícilmente ese entorno le perdone el no acatar las condiciones que impone el organismo. La foto del ex Presidente junto al el nuevo embajador de los EEUU, Marc R. Stanley, el mismo día en que el acuerdo fue enviado al Congreso de la Nación, es por demás sugestiva.