«Ni Río Negro ni Neuquén cuentan con un plan de ordenamiento territorial», dice la directora de Ciudades del Cippec

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la directora de Ciudades del Cippec, María Victoria Boix, se refirió a los roles de los distintos niveles estaduales en en términos de planificación y ordenamiento territorial, y a la situación de Río Negro y Neuquén en ese aspecto. Asimismo, abordó la crisis habitacional en Argentina y comentó la propuesta en la que trabajan desde la entidad.

PREGUNTA: ¿Cuál es la situación de Argentina en términos de planificación y ordenamiento territorial?
RESPUESTA: Argentina no cuenta con una ley nacional de presupuestos mínimos de planificación y ordenamiento territorial que guíe la planificación a nivel subnacional y de las 24 jurisdicciones nacionales; solo seis (CABA, PBA, Jujuy, Mendoza, La Rioja y Chaco) cuentan con normativa de ordenamiento territorial sancionada.  A nivel municipal hubo algunos esfuerzos para la elaboración de planes de ordenamiento territorial local, planes urbanos estratégicos y la implementación de instrumentos de gestión de suelo, pero aún no se trata de una práctica frecuente.

P: ¿Qué sucede en Neuquén y Río Negro particularmente?
R: En Neuquén existe el Copade (Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo), un organismo público de más de 60 años que aborda la temática. Si bien la provincia no cuenta con un plan de ordenamiento territorial, ha habido avances a nivel local. Recientemente, las localidades de Aluminé, El Huecú, Las Lajas y Plaza Huincul desarrollaron sus planes municipales siguiendo la metodología “Planificando nuestra ciudad” de ONU-Hábitat. Además, Añelo cuenta con un plan de mejoramiento urbano integral y Neuquén, con un plan ejecutivo metropolitano desarrollado en el marco del Programa Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Río Negro no posee un plan de ordenamiento provincial, pero registra algunos avances en la materia: la sanción de la Agenda de Actuación Territorial para la Provincia de Río Negro (2013) con el acompañamiento del CFI y, a nivel local, el Plan de Ordenamiento Territorial de San Carlos de Bariloche (2011). Por último, vale destacar el trabajo conjunto de ambas provincias en el desarrollo del Plan de Ejecución Metropolitano para la Región de la Confluencia (2017), en el marco del Programa DAMI, con el fin de generar un diagnóstico compartido y presentar los proyectos que requiere la región.   

P: ¿Qué rol tiene, o debería tener, en este aspecto cada uno de los niveles del estado (nacional, provinciales, municipales), y cómo deben articularse?
R: La normativa de ordenamiento territorial busca consolidar ciudades más compactas, inclusivas y sostenibles. Para ello, es fundamental que los tres niveles de gobierno elaboren sus planes de ordenamiento territorial de forma articulada y coordinada. El nivel nacional es quien debería sancionar una ley de presupuestos mínimos sobre ordenamiento territorial que oriente y guíe la planificación a nivel subnacional a través de principios rectores. Las provincias y los municipios son quienes deberían avanzar en la elaboración de planes de ordenamiento territorial que expresen la visión de desarrollo territorial que buscan alcanzar y el conjunto de objetivos, estrategias, actividades, acciones y recursos necesarios para ello. Mientras que las provincias pueden avanzar en el desarrollo de planes de infraestructura y servicios, de articulación metropolitana y de medio ambiente y gestión de riesgos, los municipios pueden hacerlo en términos de códigos urbanísticos y de edificación, de gestión y uso del suelo, y de planes de integración socio-urbana, entre otros.

P: En este contexto de déficit habitacional, ¿qué implicaciones tiene la paralización de muchas obras públicas?
R: En nuestro país, más de 4 millones de hogares no cuentan con una vivienda adecuada y existen 6.467 barrios populares en los que solo el 8% de los barrios tiene acceso formal a la red de agua y el 2% a la red cloacal. En este contexto, es crucial encontrar mecanismos que garanticen el acceso a servicios básicos de calidad y procuren mejorar las condiciones habitacionales de la población, especialmente las de quienes sufren mayor vulnerabilidad social.

P: ¿Y qué implicaciones tiene el reciente retorno de los créditos hipotecarios?
R: Desde hace 20 años el crédito hipotecario ha experimentado una fuerte caída en nuestro país. En el año 2000 representaba el 3,2% del PBI, en 2005 el 0,9% y en 2022 solo un 0,2%, el nivel más bajo registrado hasta la fecha (González Rouco, 2024). Durante este período, solo percibió un aumento en 2018, cuando alcanzó a representar el 1,1% del PBI debido al lanzamiento de los créditos UVA. A modo de referencia, en tanto en 2019 las hipotecas representaban solamente el 0,8% del PBI en Argentina, en Paraguay alcanzaban un 4% y en Chile un 25%. En este contexto, consideramos que el retorno de los créditos hipotecarios es una señal positiva. Sin embargo, aún existen importantes barreras para el acceso al crédito para la compra de una vivienda. Por ejemplo, para adquirir una vivienda de U$S 100.000 se necesita un ahorro previo de U$S 20.000 y el ingreso mínimo del hogar debe ser igual o mayor a $1.855.868, lo que equivale a casi 8 salarios mínimos, vitales y móviles (es más de tres veces el ingreso medio per cápita del decil con mayores ingresos, según datos publicados por el INDEC sobre la evolución de los ingresos para el cuarto trimestre 2023).

P: Una de las propuestas de CIPPEC para abordar la problemática es una política integral de mejoramiento de vivienda.  ¿En qué consiste?
R: 2,6 millones de hogares argentinos sufren de déficit habitacional cualitativo; es decir, tienen necesidades de ampliación y mejoras clave en sus viviendas. Desde CIPPEC consideramos fundamental atender esta situación de forma integral y con una perspectiva territorial. Por eso, proponemos una política integral de mejoramiento de viviendas que, a partir de un plan de ordenamiento territorial, articule los mejoramientos con obras de infraestructura y de integración socio urbana. La propuesta también contempla la asistencia financiera a hogares, mediante subsidios y créditos para materiales y mano de obra, y la asistencia técnica y social para corroborar la necesidad de refacción y/o ampliación, garantizar que sea viable y brindar acompañamiento a los hogares.

PERFIL
María Victoria Boix

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Licenciada en estudios internacionales por la Universidad Torcuato di Tella.
Más de 10 años de experiencia en proyectos innovadores y transformadores en ciudades y organizaciones.
Se desempeñó como jefa de gabinete de la Dirección General de Gestión Estratégica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Actualmente, es la directora del Programa de Ciudades del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).