La pobre respuesta estatal ante los devastadores incendios forestales en el país revela que para medir el compromiso ambiental de los gobiernos no alcanza con la creación de estructuras burocráticas, sino que además se requiere financiamiento, transparencia, planificación y políticas públicas participativas aplicadas por funcionarios idóneos, entre otros factores. Desde los ‘90, distintos gobiernos han prometido jerarquizar la política ambiental, primero con una secretaría y desde 2015 con
