El alegato de acusación contra Cristina Fernández y otros funcionarios por presunta corrupción en la obra pública ha dado lugar a una sobrerreacción política y un injustificado ataque a los fiscales y jueces que llevan adelante el proceso, con acciones del propio Presidente de la república que representan una indebida injerencia y afectan la separación de poderes del Estado. La presentación del fiscal Diego Luciani, que pidió que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de cárcel y se la i
