El caso Ivana Rosales y la deuda del Estado

Luego de un largo transitar, la Provincia del Neuquén y el Estado Nacional asumieron la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos de Ivana Rosales y sus hijas Maika y Abril, suscribiendo el primer acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso de violencia por motivos de género, que implica una serie de compromisos de avanzar en políticas públicas destinadas a erradicar la violencia de género.

La historia de Ivana Rosales es un paradigma de la lucha por los derechos de las mujeres en tiempos donde el sistema judicial carecía de políticas públicas destinadas a juzgar con perspectiva de género y brindar un tratamiento adecuado a las víctimas. Ivana pudo contar su historia en un documental llamado “Ella se lo buscó”, de la cineasta Susana Nieri, nombrado así en referencia a una de las frases utilizadas durante el juicio en el cual se terminó condenando a su ex marido por el intento de femicidio.

El 18 de abril de 2002 Ivana Rosales fue ahorcada por su marido hasta que la creyó muerta. En ese momento, la metió en el baúl del auto pero cuando escuchó que gritaba, detuvo la marcha para golpearla con piedras en la cabeza para matarla. Garoglio se entregó a la comisaría, en ese momento la policía abrió el baúl encontrando a Ivana aún con vida. Estuvo 45 días internada.

La justicia entendió que había circunstancias atenuantes -para el fiscal de la causa, Alfredo Velasco Copello, “ella se lo buscó”- basadas estrictamente en prejuicios machistas y construcciones culturales derivadas del patriarcado, que poco tienen que ver, hoy por hoy, con nuestra realidad. La Cámara Criminal Segunda -integrada por José Andrada, Emilio Castro y Eduardo Badano-lo condenó a cinco años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa. En el fallo, los jueces justificaron los hechos por los que Ivana casi pierde la vida. Garoglio se dio a la fuga,  algunos años después prescribió la acción penal y nunca cumplió la pena.

Los hechos posteriores no hicieron más que profundizar el contexto de violencia en el que vivían Ivana y sus hijas, Mayka y Abril. Posteriormente, ambas hijas fueron obligadas por la justicia a vincularse con el padre, un abusador, que fue condenado a cuatros años de prisión por abuso sexual y falta de pago de alimentos. Tiempo después, Maika Rosales se suicidó en el año 2012.

Frente a la falta de justicia, la revictimización como forma de violencia institucional -que ya sea por acción u omisión del Estado se reitera la violencia ya padecida por la mujer afectada- Ivana acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar su caso y exponer la situación que vivían miles de mujeres que denunciaban situaciones de violencia de género y no obtenían respuesta adecuada y eficaz del Estado. Se trató del primer caso de este tipo que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando nos tocó asumir en el área de Derechos Humanos de la Provincia, en 2016, nos comprometimos junto al Estado Nacional e Ivana a llegar a una solución amistosa en este caso y que la Provincia del Neuquén asumiría su responsabilidad por los hechos sucedidos, pero el 6 de septiembre de 2017 Ivana Rosales falleció, estando embarazada, debido a un ataque epiléptico originado por las gravísimas secuelas que le quedaron producto de los abusos sufridos.

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Ciertas prácticas y mensajes han ido cambiando para lograr el objetivo esencial que buscamos: que las mujeres vivamos una vida libre de violencia y sin discriminación.

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Abril Rosales, su hija, continuó la causa de su madre. Produjo un documental, llamado “Gotas de lluvia”, para contar su historia en primera persona. Y el 11 de septiembre de 2019, la Provincia del Neuquén y Abril firmaron el acuerdo de compromiso, poro el cual el Estado provincial adoptó una serie de medidas reparatorias y también políticas públicas para continuar el camino de prevenir y erradicar la violencia de género.

Se trata de la primera causa en la cual la Provincia del Neuquén asume su responsabilidad internacional ante el sistema interamericano de derechos humanos. Requirió un compromiso y un esfuerzo de los tres poderes del Estado para asumir obligaciones destinadas, por ejemplo, a capacitar en perspectiva de género a funcionarios y agentes públicos.
Entendimos en su momento que debíamos abordar de manera prioritaria este caso. En nuestro recorrido desde el Congreso Nacional, siendo legisladora por Neuquén, en 2018 participamos de la creación de la primera agenda legislativa de género, donde la lucha contra la violencia contra las mujeres ocupaba un lugar central y con Ivana en la sanción de la Ley N° 27.206 que modifica el Código Penal para prescripción de delitos sexuales y trata.

Estamos en un largo camino, y puedo ver con optimismo que ciertas prácticas y mensajes han ido cambiando para lograr el objetivo esencial que buscamos: que las mujeres vivamos una vida libre de violencia y sin discriminación. Sabemos que todavía hay numerosos espacios que debemos continuar mejorando y capacitando en perspectiva de género; por ejemplo, en las fuerzas de seguridad y en el sector salud, donde el Estado brinda una atención primaria a la ciudadanía.

*  Subsecretaria DDHH Provincia del Neuquén