El debate educativo

La gravedad de la pandemia que arrecia en la región, colapsando los sistemas sanitarios, obligó a suspender las clases presenciales y puso en evidencia limitaciones e improvisación en la estrategia ante una segunda ola de contagios que se sabía que llegaría antes del invierno.

No hay evidencia concluyente sobre el grado exacto en que impacta el cierre o no de escuelas en los niveles de contagio, dadas las dificultades para aislar a este factor de otros que actúan simultáneamente en la propagación comunitaria del virus. Pero todo indica que en contextos de elevada circulación de virus, las clases presenciales ayudan a expandir el contagio y, al revés, son factor de bajo riesgo cuando las olas decrecen. No funcionan como medida sanitaria principal o aislada si la gente aún circula para comprar, trabajar o socializar.

Al mismo tiempo, son palpables los efectos negativos en el aprendizaje, en la salud mental de niños y adolescentes, en la ampliación de las desigualdades sociales y de género, entre otros, que se producen al cerrar los establecimientos.

También parece haber consenso en que fue un error el fin intempestivo y uniforme de la presencialidad prolongada en 2020, sin tomar en cuenta las distintas etapas epidemiológicas que atravesó el país en el año (incluso cuando descendían los contagios) ni las disparidades geográficas (cuando en ciertos distritos la circulación viral era baja o nula).

Diversos estudios confirman que, si bien el recurso de la virtualidad permitió sostener cierta continuidad pedagógica, su aplicación de emergencia estuvo repleta de limitaciones, desigualdades y problemas tecnológicos y organizativos.

Por eso, en el comienzo de este ciclo en marzo, la mayoría de las provincias apostaron a la “mayor presencialidad posible” con protocolos, burbujas, limitación de cantidad de alumnos y rotación de turnos, creando sistemas híbridos de presencialidad-virtualidad. Pero ya a principios de mayo, la escalada de contagios, muertes y saturación del sistema sanitario obligaron a los distritos, entre ellos Río Negro y Neuquén, a volver temporalmente a los sistemas remotos, medida que se extenderá en la mayor parte de la región.

Pero así como el regreso a las aulas en marzo mostró deficiencias edilicias y de personal en el sistema educativo pues no se aprovechó el 2020 para planificar y adecuar la infraestructura y organizaciones a la nueva realidad, el retorno a los sistemas remotos desnudó viejas falencias. Poco se avanzó en mejorar la conectividad de los hogares: menos de la mitad de los argentinos sigue careciendo de acceso a internet de buena calidad y sufre la falta de equipamiento: el celular sigue siendo el protagonista del contacto pedagógico virtual. Tampoco hubo progresos destacados en la formación de los docentes, que deben adecuarse aceleradamente y con pocos recursos al uso de las herramientas digitales en la educación, que según expertos la pandemia aceleró diez años. También en las familias abrumadas por un año muy difícil hay menos ánimo para las tareas de apoyo escolar, que en un 90% están a cargo de mujeres.

En este marco, los expertos recomiendan proyectar bajo criterios de intermitencia, definir aperturas y cierres según criterios epidemiológicos ciertos y tomando las menores unidades geográficas posibles; priorizar grupos específicos (jardín, primaria, escuelas especiales) y comunicar las decisiones en forma clara y con participación de la comunidad educativa. Un reciente trabajo de Unicef sobre la salud mental de la infancia revela el enojo de los adolescentes porque, al tiempo que se sienten apuntados como responsables del “abandono de cuidados y propagadores de contagios”, no tienen voz ni voto al definir protocolos escolares.

Sin dudas, los gobiernos siguen en deuda a la hora de planificar con racionalidad estratégica y alejados de cualquier grieta política cómo recuperar lo antes posible el sistema, para que la educación de nuestros chicos no quede otra vez rezagada en las prioridades de esta pandemia.