El Gobierno ya envió el proyecto al Congreso y acelera la reforma judicial

Máxima celeridad. El proyecto de ley de “Organización y Competencia de la Justicia Federal”, o secamente la reforma judicial, ingresó ayer al Senado tras el anuncio, el miércoles, del presidente Alberto Fernández. La iniciativa busca ampliar el número de juzgados federales y licuar el poder de los jueces de fuero penal que investigan delitos de corrupción, además de modificar la composición y eventualmente aumentar el número de miembros de la Corte Suprema.

Con el envío del proyecto a la Cámara alta, donde el oficialismo tiene mayoría, Fernández salió personalmente ayer a defender la reforma, sospechada de buscar una cobertura para ex funcionarios del kirchnerismo complicados en causas judiciales, especialmente, la vicepresidenta Cristina Kirchner. La oposición de Juntos por el Cambio, ya anticipó su rechazo.

“¿Alguien me puede decir que la justicia federal ha funcionado bien en los últimos 20 años, porque el que me dice eso es un gran cínico?”, preguntó ayer el presidente durante una larga entrevista con una radio porteña. “Todos pueden plantear sus pareceres, estamos absolutamente abiertos porque queremos que la justicia funcione de otro modo, no queremos otra cosa”, aseguró.

Fernández rechazó la idea de que está impulsando una ampliación de la Corte. Dijo que con el proyecto “no se está discutiendo cuántos miembros debe tener la Corte Suprema sino buscando su mejor funcionamiento”. El máximo tribunal, sostuvo, “puede funcionar con cinco miembros” como actualmente, pero consideró que “está funcionando mal” y que su trabajo está “virtualmente paralizado”.

Poco después, sin embargo, la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las más cercanas a la vicepresidenta Kirchner consideró necesario que la Corte pase de tener 5 a 13 jueces. “Yo tengo un proyecto presentado en 2016 de la extensión de la Corte. Yo creo que la corte debe aumentar su número por la multiplicidad de inconvenientes que se vienen viendo”, sostuvo Fernández Sagasti en declaraciones radiales.

Sobre la conformación de una la comisión de asesores, el Presidente dijo que tendrá “90 días desde agosto” para darle “consejos”. “Hay una gran falacia en todo esto”, advirtió, acerca de los que plantean que tendría que abierto consultas previas. Y avanzó: “me están proponiendo que repartamos los jueces y no lo voy a hacer, quiero jueces dignos”.
El proyecto deberá ser discutido en primera instancia por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que encabezan María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrilli, dos espadas de la vicepresidenta en la Cámara.

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Los puntos principales del proyecto

Entre las iniciativas de la reforma judicial se cuentan:
• La creación de una comisión asesora del Presidente para evaluar cambios en la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Tiene 11 miembros entre ellos el abogado de Cristina Kirchner.
• La unificación de los fueros Criminal y Correccional y Federal Penal de CABA en un nuevo fuero, que pasará a tener 46 juzgados en lugar de 12. Habrá subrogancias para que empiece a funcionar.
• La aceleración del sistema acusatorio.
• La creación de más juzgados federales en las provincias.

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La Magistratura aprobó revisar el traslado de jueces

Con el voto del oficialismo y el de la diputada lavagnista Graciela Camaño, de Consenso Federal, el Consejo de la Magistratura aprobó ayer la revisión de diez traslados de jueces federales durante el gobierno de Mauricio Macri. Tres de esos magistrados participan en causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según lo resuelto, la Corte Suprema deberá expedirse para ratificar el traslado de estos jueces o por el contrario disponer que el Ejecutivo complete el procedimiento y eleve a consideración del Senado estas designaciones. Allí el oficialismo tiene mayoría.
La decisión surge de una iniciativa en la comisión de Selección del Consejo del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien elaboró un informe sobre todos los traslados que se realizaron desde 1998d.
Desde el sector de la oposición, encabezada por el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, se insistió en que el Consejo no tiene competencia para revisar los decretos presidenciales que ordenaron los traslados.