El golpe en Bolivia: las polleras de la democracia

Chola en las movilizaciones por la democracia luciendo su emblemática pollera. Registro de Abad Miranda que dio la vuelta al mundo.

Emilio Ariza*

Mucha tinta ha corrido en nuestro país y en el mundo sobre la situación política en Bolivia luego de la renuncia forzada del presidente Evo Morales. Más tinta, tal vez, de la que hubiera sido apropiado, teniendo en cuenta que la cuestión de fondo no es otra que el respeto de la democracia, uno de los consensos más fundamentales y preciados de nuestra sociedad. La peligrosa polémica parece plantearse en estos términos. De un lado, quienes denuncian golpe de Estado y exigen la restitución del mandatario depuesto. Del otro, quienes relativizan la gravedad de la insurrección policial-militar, aduciendo en algunos casos que su causa reside justamente en los errores de Morales. Principalmente, haberse postulado para un cuarto mandato consecutivo incluso luego de haber perdido un referéndum para modificar el artículo de la Constitución que limita las reelecciones.

Se puede convenir que fue un error grave pretender conservar la presidencia a costa de desoír el dictamen popular. Esta torpeza por parte del líder boliviano abrió una grieta de vulnerabilidad que les permitió a los sectores golpistas de la oposición colarse con una narrativa legitimadora. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que la voluntad presidencial de postularse para un cuarto mandato, aunque cuestionable desde el punto de vista político, táctico e incluso ético, fue avalada por el Tribunal Constitucional. Puede argumentarse, con bastante buen tino, que la decisión del tribunal forzó la letra de la ley para ajustarla a una necesidad del partido de gobierno. Es indudable también que la candidatura de Morales contó con plena legitimidad institucional.

En medio de las voces coléricas que se alzan denunciando un supuesto afán despótico por parte de Morales, es importante hacer un esfuerzo por comprender las particularidades del país hermano y del proceso que transita desde principios de este siglo. Si bien en principio se trata de un sistema presidencialista, la organización del Estado Plurinacional de Bolivia guarda sus profundas diferencias con otros modelos más tradicionales, y las correlaciones de poder en su interior son muy complejas.

Un atentado contra la democracia boliviana es un atentado contra la democracia en toda la región. A la hora de condenarlo, no debe haber fisuras.

Asimismo, el gobierno ha mantenido un diálogo profundo y fluido con organizaciones populares de los sectores y territorios más diversos, que en muchísimas ocasiones le impusieron su agenda. Estamos hablando tanto de organizaciones que apoyan el proyecto del partido de gobierno como de otras que se oponen a él, en ambos casos con manifestaciones y medidas de fuerza muchas veces muy extremas.

A título de ejemplo, recordemos una anécdota del año 2015. En el marco de una importante huelga de mineros potosinos, manifestantes atacaron con dinamita la sede del Ministerio del Interior para acceder al patio interno del edificio y apedrear sus ventanas. Los desbordes fueron dispersados con un uso moderado de la fuerza pública, que no acarreó muertes ni heridos graves. Poco después se reanudó el diálogo entre mineros y ministros.

A pesar de este cúmulo apabullante de noticias que alertan sobre las atroces prácticas de los golpistas, el eje de la discusión pareciera pasa por evaluar si la continuidad republicana y el mandato de Evo Morales merecen ser defendidos

En ocasiones, también se ve al gobierno tomar con fuerza la iniciativa, pero el presidente nunca estuvo en condiciones ni por asomo de imponer su voluntad antojadiza. La figura de Evo es, si se quiere, garante de ese diálogo entre la sociedad civil y el Estado. Ningún observador sensato podría calificarlo de déspota, como quisieran caricaturizarlo sus opositores más reaccionarios. Incluso si su liderazgo es fuerte, no se trata de un caudillo personalista que concentre el poder.

Estos errores de lectura surgen de aplicar la lupa eurocéntrica a situaciones donde sus categorías no son aplicables. La población indígena en Bolivia alcanza el 55% de los habitantes. Esta realidad tiene vastas implicancias no solamente culturales y sociales, sino también políticas. En efecto, los pueblos originarios están organizados en sistemas de gobierno autónomos y comunitarios consagrados en la Constitución de 2009. La carta magna reconoce también como oficiales las 36 lenguas habladas por estos pueblos.

Como se aprecia, los bolivianos tienen, al interior de un mismo territorio, numerosas culturas y concepciones del mundo muy diversas, y la nueva constitución le dio impulso a un proceso complejo que es ejemplar en el mundo en materia de convivencia en la diversidad. Por todo esto, cualquier argentino que haya andado el país o que haya leído su historia entiende que sería osado de nuestra parte aventurar interpretaciones apresuradas sobre sus acontecimientos.

Ante este panorama, para no caer en un relativismo estéril, es importante no perder de vista las pocas certezas que sí tenemos. Como lo planteó recientemente en un tuit el diputado del Pro Daniel Lipovetzky: si mueve la cola y ladra, es un perro. Si los militares fuerzan la salida de un presidente constitucionalmente electo, es un golpe de Estado.

Por si esta evidencia no alcanzara, el gobierno de facto se ha dedicado a perseguir y amedrentar a periodistas y militantes, a saquear y quemar las casas de funcionarios oficialistas, a reprimir violentamente a manifestantes, entre otras tropelías. En ese mismo empeño autoritario, una senadora con notorios antecedentes racistas se ha autoproclamado “presidenta interina” sin cumplir con ninguno de los requisitos institucionales para tal nombramiento.

A pesar de este cúmulo apabullante de noticias que alertan sobre las atroces prácticas de los golpistas, el eje de la discusión pareciera pasar en muchos casos por evaluar si la continuidad republicana y -en particular- el mandato de Evo Morales merecen ser defendidos de dichos ataques. Tales cuestionamientos recuerdan los latiguillos que hasta hace poco tiempo eran tristemente frecuentes e indiscutidos frente a casos de violencia machista: “¿Pero viste cómo iba vestida?”, “¿Vos qué hiciste para que él te pegara?”.

El progreso de nuestra sociedad nos ha conducido en los últimos años al consenso de que las víctimas no deben ser culpabilizadas: no existe actitud de parte de una mujer que pueda justificar una violación o una golpiza. Siempre la culpa es del violento. De la misma manera, existe otro consenso de más larga data, que hoy por motivos insondables vemos peligrar: las embestidas contra la democracia deben ser repudiadas enérgica y unánimemente sin resquicio alguno para la duda.

No hay margen en estos casos para detenerse a poner el foco en la imagen que cada quien se hace del gobierno asediado. Esas consideraciones quedarán para más tarde. Estamos hoy ante un golpe de Estado en un país vecino, en un país miembro del Mercosur, en un país hermano con el que compartimos una historia común e intereses estratégicos de largo plazo. Un atentado contra la democracia boliviana es un atentado contra la democracia en toda la región. A la hora de condenarlo, no debe haber fisuras ni entre la comunidad internacional ni al interior de ningún país que se precie, como el nuestro, de una profunda tradición democrática. Estemos a la altura de nuestro Nunca más.

*Docente

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