En un mes dos familias deberán abandonar un predio que ocupan

La jueza Florencia Caruso emplazó a dos familias para que abandonen una vivienda que usurpan en la calle Independencia 238 en el transcurso de un mes. Desde fiscalía solicitaron una audiencia de formulación de cargos y pidieron el desalojo forzoso. La vivienda será demolida con fines inmobiliarios por una empresa que la compró.

Según consta en la acusación, las dos familias ingresaron al predio entre el 12 y el 18 de diciembre del año pasado. La empresa compró la casa el 17 de marzo de ese año y gestionó con la municipalidad un permiso de demolición, que caducó en octubre.

Las dos familias fueron acusadas por la fiscalía bajo el delito de usurpación. Sin embargo no hicieron lugar al desalojo que se pretendía llevar a cabo de forma inmediata. La defensoría oficial y la defensora de menores representaron a las familias que ocupan el lugar.

El predio tiene dos casas y actualmente son ocupadas por cuatro adultos y cinco niños. Una de las mujeres está embarazada y durante la audiencia explicaron que también habían ofrecido alojamiento a una madre soltera con siete hijos, que tuvo que abandonar su casa por cuestiones de violencia.

La jueza consideró que el interés sobre el niño supera a cualquier otro interés y solicitó a la defensa que gestione la intervención del Poder Ejecutivo para otorgarles una solución habitacional a las familias, ya sea desde a través del municipio o desde el IPPV.

“Mi intención como jueza no es que ustedes se queden en la calle con los niños, está el interés superior del niño que ninguna de las partes desconoce, ni la fiscalía ni defensa ni querella ni yo como magistrada”, explicó Caruso. “Previo a tomar una decisión como la que se me está pidiendo por parte de la fiscalía y de la querella se deben reunir una serie de requisitos para que estas personas puedan desalojar pacíficamente la vivienda”, argumentó.

Además, Caruso dictó la medida de no innovar y prohibió a los ocupantes realizar cualquier tipo de arreglos o modificaciones al lugar, además de no permitir el ingreso de nuevas familias.

Finalmente les recordó a las familias que están cometiendo el delito de usurpación, y anticipó que en un mes llevará adelante un desalojo “ordenado y pacifico”, pero enfatizó que esto no perjudicará las gestiones que deben realizar ante los organismos del Poder Ejecutivo para encontrar una solución habitacional.