Femicidios en Río Negro: ausencia del Estado
Río Negro está al tope en la estadística de estos crímenes. Se acumulan expedientes en el organismo proteccional y los funcionarios a cargo son señalados por actitudes persecutorias y machistas.
Silvia Horne*
Río Negro está al tope en la estadística de estos crímenes. Se acumulan expedientes en el organismo proteccional y los funcionarios a cargo son señalados por actitudes persecutorias y machistas.

Iniciamos un nuevo año y la violencia machista no da tregua. Todos los días las noticias dan cuenta de femicidios, y en algunos casos nos tocan de cerca, como el de la pequeña Sofía. Todas víctimas de un Estado ausente. Esta realidad nos sacude, nos estremece y nos demuestra que el patriarcado quiere seguir existiendo con una crueldad absoluta.
Cansadas de la falta de respuestas del Estado, al que le hemos concedido el poder de regular las relaciones desiguales de la sociedad, pero nos encontramos que está administrado por cobardes que utilizan ese poder para seguir reproduciendo la desigualdad que padecemos todas las mujeres en su diversidad. Quienes nos gobiernan vacían el presupuesto destinado a erradicar la violencia de género o no lo ejecutan, no se recrean políticas de Estado que lleguen a los territorios para darles voz a las mujeres, las perimetrales no son controladas por nadie, los botones antipático no llegan a tiempo, los jueces dan sentencias ejemplificadoras para que nos callemos la boca y nos sigamos sintiendo responsables de la violencia que ejercen sobre nosotras, protocolos de acción desatendidos y medidas de protección que no son controladas.
Y nosotras desde nuestro lugar hacemos todo lo posible e imposible para salvarnos, para cuidar a nuestras hijas e hijos; buscamos desaprender lo que nos han enseñado y nos hace mal; educar a nuestros hijos para que no sean machos y a nuestras hijas a saberse con iguales derechos; nos formamos y buscamos formar a compañeros que estén dispuestos a correrse de los privilegios; acompañamos a mujeres violentadas a denunciar y buscar una salida al sometimiento; nos reunimos, armamos proyectos para que esto cambie. Lo hacemos de corazón como militantes pero ya estamos hartas de seguir regalando poder a quienes deberían garantizar nuestros derechos, y sin embargo con cada medida que toman nos exponen a la vulnerabilidad.
En el Congreso hemos impulsado la ley Micaela, la Nº 27499, que fue publicada en el Boletín Oficial en el mes de enero, que obliga a la capacitación en género a todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
La ley Micaela incorpora en forma obligatoria la exigencia a todos los organismos del Estado de incluir la formación en derecho desde la perspectiva de género, que permita la comprensión de las inequidades que surgen de la tradicional estructura patriarcal. Formación obligatoria para cada una y cada uno de los y las agentes y funcionarios, que tendrán ahora la oportunidad de transitar un cambio posicional, actitudinal, que exige la sociedad.
La ley pone en cabeza de las autoridades de cada organismo la responsabilidad de su cumplimiento. Abarca inclusive las organizaciones sindicales. Permite a cada estamento generar su propia currícula y metodología, pero aporta los recursos que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) desarrolla. A su vez, estipula como mecanismo principal de control de su cumplimiento la publicidad de su desarrollo, monitoreo que estará a cargo también del INAM, y será posible su seguimiento desde su página. Las violencias a las que son sometidas las mujeres, y que han sido desdibujadas, o negadas por siglos; los estereotipos que las encapsulan; la no credibilidad de su simple voz, su reclamo o hasta la misma denuncia; la asimilación de las mujeres a roles subordinados; entre otras, son rémoras de una arquitectura patriarcal, que solo se identifica cuando se transita hacia una perspectiva de género, que pone en pie de igualdad los derechos de las mujeres.
No se trata ahora de “cumplir” la ley mediante un prospecto de reglas que se pueda dictar y repetir, sino de una formación crítica, que permita la reflexión introspectiva, para poder innovar. Pararse desde otro lugar. Generar respuestas y protocolos de actuación, y sobre todo de aportar a la formación de una nueva generación de personas que puedan poner valores universales por encima de los que estigmatizan y clasifican peyorativamente en base al género.
Quienes impulsamos este proyecto, que hoy es ley, lo hicimos desde el convencimiento de que no habremos de modificar las conductas violentas hacia las mujeres, sin atender la raíz, las verdaderas causas que la promueven. Micaela fue una joven que hizo carne las consignas de Ni una Menos, que impregnó su vida personal y familiar, su militancia en el barrio Mandarino, y en su organización política, el Movimiento Evita de Entre Ríos, de contenido feminista. Su feminicidio, como el de tantas mujeres, nos compromete en la lucha que ella, como tantas otras, encarnaba.
Impulsamos la ley Micaela que incorpora en forma obligatoria la exigencia a todos los organismos del Estado de incluir la formación en derecho desde la perspectiva de género.
Río Negro es una provincia que figura con sus femicidios al tope de la estadística. Se acumulan parvas de expedientes de mujeres en las oficinas del organismo proteccional. Los funcionarios que están a cargo de esas dependencias están señalados por actitudes persecutorias y machistas.
Estamos dispuestas a llevar a delante, en forma efectiva, políticas activas, transversales, integrales, y desde el más alto nivel de responsabilidad de cada organismo del gobierno y el Estado, hasta los agentes de menor rango, que se direccionen hacia una sociedad que se pueda despojar de las rémoras violentas que el sistema machista y patriarcal pretende cristalizar.
Para llevar adelante estas luchas, las Mujeres del Evita nos organizamos, tampoco vamos a dar tregua a quienes no están a la altura de las circunstancias y desatienden la demanda de más de la mitad de la población. Repudiamos los crímenes de odio y exigimos justicia por cada una de nuestras hermanas que ya no están, un presupuesto acorde a las necesidades, medidas efectivas para erradicar la violencia de género, la urgente implementación de la ley Micaela para que cada agente del Estado esté preparado para atender de manera correcta las situaciones de violencia, que se revisen y repiensen las medidas de protección hacia las mujeres que vienen demostrando no ser efectivas, ni tienen el seguimiento correspondiente, ESI en todas las escuelas, aborto legal seguro y gratuito, ni una travesti menos y ni una muerta más.
¡Porque vivas, libres y feministas nos queremos!
*Diputada nacional rionegrina por el Movimiento Evita/Frente para la Victoria
Silvia Horne*
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