Investigarán si hubo pago de coimas en el fallo que benefició a López

La diputada pidió que se indague “si existieron intereses económicos involucrados” en la decisión de dejar en libertad al empresario kirchnerista.

Redacción

Por Redacción

Ella cree que hubo cohecho. El Consejo de la Magistratura abrirá la semana próxima una investigación de la denuncia de la diputada Elisa Carrió por el presunto pago de coimas a los camaristas federales Jorge Ballestero y Eduardo Farah, autores del controvertido fallo que dispuso la excarcelación del empresario Cristóbal López y el cambio de carátula del expediente.

La Comisión de Acusación y Disciplina del cuerpo, encabezada por el diputado oficialista Pablo Tonelli, abrirá el próximo jueves un expediente basado en la denuncia realizada por Carrió la semana pasada y ampliada el martes último. “La causa va a ser sorteada en la Comisión de Disciplina y Acusación”, anticipó el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, representante en ese cuerpo de los abogados, en una entrevista con radio Mitre.

El Consejo ya abrió esta semana otro expediente en base al pedido de la Corte Suprema para que se investigue cómo se conformó la sala de la Cámara Federal que falló en favor de López.

Para el inicio de este tipo de procedimientos, el primer paso consiste en el sorteo de la denuncia y la designación de un consejero instructor. Tras una investigación preliminar, el elegido debe emitir un dictamen en el que en base a las pruebas reunidas, aconseja a los miembros de la Comisión dar impulso a un proceso de juicio político o desestimar la denuncia.

Piedecasas dijo que la presentación realizada por la diputada Carrió constituye “una denuncia”, con lo cual resolvió remitirla a la comisión encabezada por Tonelli, que, a su vez, requirió mayores precisiones a la legisladora .

En su presentación, ahora en poder de la Comisión, la diputada pide “que se investigue si existieron intereses económicos involucrados en el fallo”.

Carrió reflota viejas denuncias contra el juez Ballestero, realizadas por el diputado, ya fallecido, Alfredo Bravo, como así también por los entonces legisladores Héctor Polino y Jorge Rivas, que apuntaban no sólo al desempeño del magistrado sino también a su patrimonio. Por lo cual Carrió pide que, además, se investigue su presunto enriquecimiento ilícito.

En relación al camarista Eduardo Farah, Carrió pide que el Consejo ponga la lupa sobre “las cuestionadas circunstancias mediante las cuales Ballestero habría convocado personalmente al Dr. Farah para que suscribiera la resolución favorable al empresario Cristóbal López”, y plantea sus sospechas sobre “las verdaderas motivaciones”.

Carrió pone el foco en el abogado Jorge Mazzaglia, quien fuera –según asegura en la denuncia– presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López. Y pide que se investigue el vínculo de ese abogado con los magistrados.

Acerca de la investigación reclamada por la Corte, ya está en el ámbito de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo. Piedecasas estimó que “en un mes” el consejero instructor, Leónidas Moldes, a quien se encomendó el expediente, podría tener listo el dictamen.

“Entiendo que en el plazo de un mes el consejero tendría un dictamen en cualquier sentido porque se trata de un tema que no tiene complejidad probatoria como para hablar de otros plazos”, afirmó Piedacasas.

El Consejo ya abrió otro expediente en base al pedido de la Corte para que se investigue cómo se conformó la sala de la Cámara que dejó a López en libertad.

Impuestos

La causa, a punto

de ir a juicio oral

El diciembre, el juez Julián Ercolini procesó a Cristóbal López y Fabián De Souza por fraude a la administración pública y ordenó su detención. Un mes antes, la Cámara de Casación había resuelto que el presunto fraude al Estado por la retención y utilización de $ 8.000 millones a la AFIP, debía ser tramitado en el fuero federal.

El 16 de marzo, con el voto de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, la Sala 1 de la Cámara Federal revocó las prisiones preventivas y cambió la carátula de “administración fraudulenta” a “apropiación indebida de tributos”, comparable a evasión y con penas más leves. Un delito tributario, y por lo tanto propio del fuero penal económico.

La AFIP pidió que el fallo sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal y recordó que ese tribunal ya había definido la “calificación legal” del delito. Empezará analizarlo la semana próxima. En paralelo, el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió que Casación revoque el fallo y los empresarios vuelvan a prisión. El juez Ercolini dio por concluida la investigación y quedó en condiciones de ir a juicio oral.

Datos

El Consejo ya abrió otro expediente en base al pedido de la Corte para que se investigue cómo se conformó la sala de la Cámara que dejó a López en libertad.
$ 8.000
millones retuvo la empresa Oil combustibles de Cristóbal López del impuesto a las naftas. AFIP quiere que los devuelva.


Ella cree que hubo cohecho. El Consejo de la Magistratura abrirá la semana próxima una investigación de la denuncia de la diputada Elisa Carrió por el presunto pago de coimas a los camaristas federales Jorge Ballestero y Eduardo Farah, autores del controvertido fallo que dispuso la excarcelación del empresario Cristóbal López y el cambio de carátula del expediente.

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