Abogados de Cipolletti dieron marcha atrás en el intento de remover a la vice de la Caja Forense

El Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste dio marcha atrás con el intento de remover a la vicepresidenta de la Caja Forense de Río Negro. El «ruido» puertas adentro obligó a las autoridades a dejar sin efecto la resolución del 29 de agosto que apartaba del cargo a Marcia Verdugo.

El principal cuestionamiento era los alcances de la medida que colisionaban contra la autonomía de Caja. El organismo provincial está conformado por los cuatro colegios de la provincia que representan a los letrados de la matrícula. Se cuestionaba si tenía autoridad para desplazar un cargo de otra institución.

DIARIO RIO NEGRO desconocía la existencia de la segunda resolución, fechada el 30 de agosto. De hecho en la página oficial del Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste solo está publicada la primera, del 29 de agosto. Más allá de eso, la decisión muestra el grado de conflictividad no solo en la Caja Forense, sino en el colegio cipoleño.

El organismo regional intentó echar a la vicepresidenta que forma parte de ese colegio. Fue con el argumento de que su gestión no comulgaba con los intereses de los afiliados.

La crisis institucional de la Caja Forense viene escalando desde principios de año. En el centro del conflicto se encuentra Marcia Verdugo, vicepresidenta de la Caja, quien impulsó cambios en el Directorio tras una serie de disputas internas que paralizaron al organismo. El conflicto de fondo es la cobertura médica para los afiliados.

Sin embargo, el accionar de la letrada generó roces con los colegios de abogados, que la acusaron de actuar sin consultar y de contradecir los intereses de las entidades que la respaldaban.

El pasado 29 de agosto, el Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste emitió una resolución que desplazaba a Verdugo de su cargo y designaba a su suplente, Jorge Bello, como nuevo representante.
La decisión se tomó tras reiteradas críticas hacia la gestión de Verdugo, a quien se le atribuyó desoír las recomendaciones del Colegio y actuar de manera inconsulta, afectando los intereses de los profesionales que representa.

La medida parecía definitiva, pero en un giro inesperado, la Comisión Directiva del Colegio revocó la resolución apenas 24 horas después. En una nueva resolución, el Colegio dejó sin efecto la destitución y solicitó a Verdugo que ajustara su conducta a las instrucciones de la institución. Aunque se mantuvo el rechazo a su accionar, la marcha atrás despertó cuestionamientos sobre la coherencia y el liderazgo del Colegio en un contexto de crisis.

La polémica se intensificó cuando la Caja Forense convocó a una reunión extraordinaria para el 30 de agosto, a pesar de la suspensión de las asambleas ordenada por la Inspectoría General de Personas Jurídicas. Esta decisión tuvo dos lecturas: por un lado que desautorizó la decisión de la Inspección y por otro que fue una medida para buscar consenso interno.