Causa Techo Digno en Río Negro: cinco nuevos imputados, entre ellos, un exintendente

La megacausa Techo Digno sumó a cinco imputados por el manejo irregular de fondos nacionales de un plan de viviendas de Sierra Grande.

En el 2021, la investigación fiscal ya había derivado en acusaciones para el exintendente peronista Renzo Tamburrini, firmante del convenio con Nación en el 2014, y también para el dueño de la empresa Construcciones Normalizadas, Guillermo Gazia.

Últimamente, la estrategia fiscal en la investigación provincial se extiende en las responsabilidades y se incorporan imputados.

En este caso, los fiscales Juan Pedro Peralta y Yanina Estela Pasarelli reformularon los cargos y ampliaron las acusaciones a dos exfuncionarios del gobierno peronista, Mauro Tamburrini y Ernesto Noel, y también al exintendente radical Nelson Iribarren, con dos exsecretario de su gestión, Miguel Mesa y Claudia Albariño.

Así, el expediente de Sierra Grande contiene a siete imputados y la megacausa ya supera los 35 con los exjefes comunales y constructores de planes de viviendas de Techo Digno en Choele Choel, Godoy, Río Colorado, Conesa, Bariloche, Cervantes, San Antonio, Fernández Oro, Cipolletti y Cinco Saltos.

La nueva audiencia se cumplió en Viedma, conducida por el juez Juan Brussino. Participaron los siete investigados, con sus abogados. El exintendente Tamburrini, patrocinado por Daniel Mayor; su sucesor Iribarren, con Mariano Gestoso; Mauro Tamburrini, con defensores oficiales Pedro Vega y María Paz Alvarez; el empresario Gazia, con Santiago Guenumil; Noel y Albariño, con los abogados Juan Carlos Chirinos y Miguel Curci.

El fiscal Peralta describió el hecho en dos etapas. La primera centrada en el exintendente Tamburrini y el constructor Gazia, con la participación de quienes fueron funcionarios en su gobierno serrano.

La metodología de la causa Techo Digno siempre es la misma: certificaciones falseadas con mayor nivel de ejecución y pagos a los privados por encima de lo construido, con fondos de Nación para esos planes federales.

El barrio de Sierra Grande comprendía 40 unidades y la administración central transfirió casi 16,7 millones, es decir, el 92% de lo convenido. El pago -describió Peralta- en la gestión de Tamburrini al constructor llegó a los 12,8 millones, a partir de certificaciones firmadas por Mauro Tamburrini y Noel que consignaban “falsamente” ejecuciones del 71%. Un relevamiento del IPPV -agregó el fiscal- indicaría un nivel de obra del 34% y, aún con cálculos de redeterminación de costos, el desembolso de más fue de un 20%.

La segunda etapa fue enmarcada en la gestión de Iribarren, con Mesa y Albariño. El hecho señalado por Peralta estuvo en transferencias a la empresa por trabajo no realizados, como movimiento de suelo.

El delito planteado fue de «defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y uso de documento falso», con diferentes responsabilidades penales.

Mayor, en defensa de Tamburrini, pidió el rechazo de la imputación y consideró la causa como “una ridiculez” porque, entre otras razones planteadas, “eran fondos de Nación que no debían ser reintegrados” y, en consecuencia, “no existió perjuicio” para el municipio.

Gestoso, en representación de Iribarren, cuestionó la conclusión fiscal de que “no hubo movimiento de suelo” y realizó un análisis integral mientras que Güenumil defendió a Gazia, aludiendo que no participó de lo denunciado y no firmó trámites cuestionados.

Al final, Brusino desestimó la solicitud de oposición al insistir con que es una etapa judicial de investigación, fijando un plazo de cuatro meses para su conclusión