Condenado por homicidio y violencia de género en Bariloche recibió libertad asistida con monitoreo
El condenado cumplirá su pena en libertad asistida hasta el 27 de julio de 2025. Deberá usar tobillera electrónica y acatar estrictas reglas de conducta.
La audiencia judicial transcurrió durante la mañana del pasado 28 de febrero en San Carlos de Bariloche. A través de una conexión virtual, un hombre condenado por homicidio con arma de fuego y amenazas en un contexto de violencia de género, aguardaba la decisión de la jueza Sandra Ragusa. Se resolvió que cumplirá lo que resta de su pena en libertad asistida y le impusieron una serie de medidas.
A las 10, comenzó la audiencia en el marco del expediente que tuvo como participantes a la defensora oficial a Carolina Biglieri y al fiscal adjunto Cristian Barria Aguilar. El tema central era la solicitud de libertad asistida, un beneficio que permitiría al condenado cumplir el resto de su pena fuera de la cárcel, bajo estrictas condiciones de control y monitoreo.
Una decisión judicial bajo condiciones estrictas
La jueza de ejecución penal, Sandra Ragusa, resolvió conceder la libertad asistida al condenado. De acuerdo con la resolución, el hombre permanecerá bajo tutela de un responsable en su entorno, con domicilio en Bariloche, y será monitoreado con un dispositivo electrónico hasta el 27 de julio de 2025, fecha en la que culminará su condena.
El fallo establece una serie de normas que el beneficiario deberá cumplir sin excepción. Entre ellas, se le prohíbe portar armas, consumir alcohol o drogas, frecuentar lugares de expendio de bebidas alcohólicas y relacionarse con personas que puedan entorpecer su reinserción social. Además, deberá presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados y adoptar un oficio o profesión.
Prohibiciones de contacto con las víctimas
Uno de los puntos más estrictos de la resolución establece la prohibición absoluta de contacto con las víctimas y sus familiares. No podrá acercarse a menos de 300 metros de sus domicilios, lugares de estudio o trabajo. Tampoco podrá comunicarse con ellos por ninguna vía, ya sea telefónica, por redes sociales o por terceros.
Si el hombre incumple alguna de estas reglas, el beneficio será revocado y deberá volver a prisión.
Monitoreo electrónico y seguimiento penitenciario
El condenado deberá portar una tobillera electrónica que permitirá su geolocalización en todo momento. El sistema de monitoreo UADME será el encargado de supervisar su cumplimiento y detectar cualquier irregularidad.
Desde el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) también realizarán un seguimiento mensual para evaluar su adaptación a la vida en libertad. Se espera que informe sobre su actividad laboral y que no incurra en nuevos delitos o contravenciones.
La responsabilidad del condenado en su libertad
La jueza Ragusa fue enfática al señalar que el hombre es responsable de mantener en funcionamiento el dispositivo de monitoreo. Deberá cargar la batería en tiempo y forma, no alejarse del GPS y acatar las indicaciones de UADME. Cualquier intento de manipulación o alteración del sistema activará el protocolo de respuesta inmediata, lo que podría derivar en la revocación del beneficio.
Tras escuchar la resolución judicial, la defensora oficial y el fiscal adjunto dieron su consentimiento. Se dejó constancia de que las partes fueron notificadas en ese acto, dando por finalizada la audiencia.
Ahora, el futuro de este condenado que recibió libertad asistida dependerá de su cumplimiento estricto de las condiciones impuestas por la Justicia. Cualquier desvío podría devolverlo tras las rejas antes de la fecha prevista para el final de su condena.
La audiencia judicial transcurrió durante la mañana del pasado 28 de febrero en San Carlos de Bariloche. A través de una conexión virtual, un hombre condenado por homicidio con arma de fuego y amenazas en un contexto de violencia de género, aguardaba la decisión de la jueza Sandra Ragusa. Se resolvió que cumplirá lo que resta de su pena en libertad asistida y le impusieron una serie de medidas.
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