Condenaron a dos autores de los tormentos que sufrieron internos de una celda del penal de Bariloche

El 12 de agosto del 2023, la celda 20 del penal 3 de Bariloche fue un infierno para dos internos. Sus propios compañeros los golpearon, lesionaron con un hierro y le causaron quemaduras con un fuelle en varias partes del cuerpo. Además, llamaron a los familiares de los jóvenes agredidos para amenazarlos: si no depositaban dinero pronto lesionarían a sus seres queridos que estaban detenidos.

El hecho ocurrió entre las 9 y las 18 del 12 de agosto del 2023, en el penal de Bariloche. Ningún empleado penitenciario intervino durante esas nueve horas. Recién fueron a la celda cuando la madre de uno de los internos agredidos denunció al fiscal de turno las amenazas que ella recibía por teléfono.

Dos de los tres imputados aceptaron un acuerdo pleno propuesto por el fiscal César Lanfranchi, que dirigió la investigación del caso. Carlos Ivan Castro y Franco Martin Seguel aceptaron en un juicio abreviado haber cometido las lesiones y amenazas coativas agravadas a cambio de una condena da 3 años de prisión efectiva. Es la pena mínima que prevé el Código Penal para los delitos que se les atribuyeron.

El tercer imputado, Jonathan Almonacid, no compareció a la audiencia, que se hizo el martes en Bariloche, porque se encuentra prófugo de la Justicia. La defensa explicó que estaba con prisión preventiva domiciliaria, con dispositivo electrónico, pero lo cortó y se evadió.

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Lanfranchi explicó al juez Gregor Joos en qué consistía el acuerdo pleno presentado con el consentimiento de Castro y de Seguel y de sus defensores particulares.

El fiscal relató que Seguel, Almonacid y Castro Maldonado en convergencia intencional y previo reparto de roles amenazaron y agredieron a Elcio Rojas y Gerardo Hueche. Los cinco estaban en la misma celda 20 del penal.

Dijo que Seguel arrinconó a Rojas y, junto a Almonacid, comenzó a darle golpes de puño en el rostro y en distintas partes del cuerpo con palos y asestarle puntazos superficiales con un elemento cortopunzante posiblemente un hierro de construcción que sacaron de la celda.

Rojas intentó defenderse. Pero Castro Maldonado lo agarró de atrás y lo sentaron en una silla y comenzaron a quemarlo con un fuelle.

Aseguró que Seguel y Almonacid comenzaron a filmar con sus celulares mientras lo golpeaban a Rojas y mediante amenazas de continuar con las agresiones hicieron que el interno agredido llamara con su celular a su familia para pedirle plata sin poder contar lo que pasaba.

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Los imputados atacaron a Hueche con golpes de puños y con palos. Lo llevaron hasta la cocina de la celda y Castro lo quemó con la resistencia del fuelle. “No le pasó electricidad, sino que lo quemó con la resistencia”, aclaró el fiscal.

Dijo que lo pincharon a Hueche en la pierna y en el cuello. Castro lo lesionó y Almonacid amenazó con cortarle la cara con un cuchillo

El fiscal contó que Seguel tomó el celular de Hueche y comenzó a llamar y enviar mensajes a familiares del interno. Les exigió que le depositen 80 mil pesos o le iban a cortar la oreja y le iban a hacer un cierre en la panza.

La madre de Hueche recibió una de las llamadas y avisó a la fiscalía, que alertó al personal penitenciario.

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Lanfranchi describió que Rojas presentó quemaduras tipo A y AB en ambos dorsos de las manos, quemaduras de grado 1, quemaduras en cara lateral derecho, de maxilar inferior y cuello, quemadura en maxilar inferior izquierdo y edema.

También, sufrió traumatismo contuso en el pómulo derecho, heridas cortantes en la palma de la mano izquierda, seis lesiones puntiformes en el muslo derecho anterior y lateral izquierdo, doce quemaduras en la pierna izquierda, y cinco lesiones puntiformes en el muslo izquierdo plano externo, una herida cortantes en ambos brazos, traumatismos en ambos brazos y quemaduras en las rodillas.

Indicó que Hueche presentó quemaduras tipo AB en los dorsos de ambas manos, herida cortante en el pliegue del dedo pulgar de la mano derecha, ocho heridas punzo-cortantes en el brazo derecho, cinco lesiones puntiformes en el brazo derecho, tres heridas punzocortantes en el antebrazo derecho, tres heridas punzocortantes en el dorso de la mano izquierda.

Además, sufrió dos heridas punzocortante en el antebrazo izquierdo, herida punzocortante en la región clavicular izquierdo, herida cortante en la región posterior izquierda del cuello, herida cortante en el pabellón auricular izquierdo, dos heridas punzocortantes en la mejilla izquierda, cinco heridas punzocortantes en la cadera izquierda.

El fiscal comentó que Hueche recibió siete heridas en la región externa del muslo izquierdo, una herida punzocortante en el muslo derecho, diez heridas punzocortantes en la pierna derecha  y once heridas punzocortantes en la tetilla izquierda.

Lanfranchi dijo que las amenazas coactivas fueron agravadas por el uso de armas. Aclaró que si hubiesen ido a juicio común la pena podría haber sido mucho mayor. “Pero lo cierto es que las víctimas han prestado conformidad a esta solución”, sostuvo.

Mencionó las pruebas recolectadas durante la investigación, como las declaraciones de los dos internos víctimas, el informe del médico del penal y del médico forense que revisó a los internos agredidos y estableció que sufrieron lesiones leves.

Dijo que hubo un informe interno del penal y que la jueza de Ejecución de Bariloche, Sandra Ragusa, dispuso medidas disciplinarias. De hecho, los acusados cumplían condenas cuando cometieron las agresiones.

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Lanfranchi comentó que esa jornada no había custodia porque era un día de visitas en el penal. “Por eso, tuvieron esa liberad para acometer”, afirmó.

Comentó que la celda 20 “queda bastante lejos de lo que es la celaduría”. Y eso impidió que el personal penitenciario vigilara ese sector. Recién intervinieron cuando la familia de uno de los agredidos avisó.

Los defensores particulares Manuel Mansilla, que asistió a Castro Maldonado, y Alejandro Pschunder, de Almonacid, avalaron el acuerdo pleno propuesto por la fiscalía. Fue una de las últimas audiencias de Lanfranchi como fiscal, porque juró el viernes como juez de garantías.

El juez preguntó a los imputados por el acuerdo y expresaron su conformidad. ¿Fue así como dice el fiscal todo lo que paso?”, preguntó Joos a Castro, que contestó en forma afirmativa.  Y aceptó los tres años de prisión efectiva. Lo mismo hizo Seguel.

El juez se tomó un cuarto intermedio para evaluar si el acuerdo cumplía los requisitos legales, sobre todo, la calificación legal de los hechos.

Cuando se reanudó la audiencia, Joos les aclaró a los acusados que era “muy posible que en un juicio los hubiesen condenado” a una pena mucho mayor. “Difícilmente me meta a decir es poco es mucho. Hay razones de estrategia del fiscal y de los defensores”, comentó. Pero “menos de tres años de prisión era imposible”, señaló.