El hermano de un vocal será Coordinador Provincial de Juicios por Jurados en Neuquén

Secuela inesperada de la anulación del juicio por el femicidio de Agostina Gisfman debido a una vaga amenaza que apareció escrita en el baño de varones. Mediante un decreto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya, creó el cargo de Coordinador Provincial de Juicios por Jurados.

La tarea le fue asignada a Leandro Ernesto Elosu Larumbe, auditor adjunto del Poder Judicial y hermano de Alfredo Alejandro Elosu Larumbe, vocal del Tribunal Superior de Justicia.

De acuerdo con los considerandos del decreto presidencial 765/22, que todavía debe ser aprobado por la totalidad del cuerpo, el Coordinador ejercerá «control sobre el desarrollo de cada uno de los juicios que bajo esta modalidad se celebren en los organismos judiciales de esta provincia».

Fuentes judiciales consultadas por Río Negro no supieron explicar los alcances de las facultades de Elosu Larumbe, quien ingresó al Poder Judicial en 2008 y tiene jerarquía de juez, es decir, está al mismo nivel que el juez o jueza técnica que dirige el juicio por jurados y es la máxima autoridad dentro de la sala.

Doble función

En su doble función de auditor del Poder Judicial y el poder de policía que le otorga el decreto para «controlar el desarrollo y el normal funcionamiento de cada uno de los juicios», no queda claro ante quién reportará un eventual conflicto o quién será el encargado de resolverlo.

Otra de las tareas que le asignan es «acompañar a las Oficinas Judiciales durante el transcurso de las audiencias», sin más precisiones.

Hasta ahora, las Oficinas Judiciales se venían encargando -y en general con mucha diligencia- de atender a las y los jurados populares.

Ayer se especulaba con que en Neuquén capital probablemente puedan atenuarse los conflictos por superposición de funciones, debido a que las oficinas penales están dentro de la órbita de influencia del vocal Alfredo Elosu Larumbe. Pero en las demás circunscripciones no sucede lo mismo.

Quejas del jurado popular

El decreto del presidente Moya parte de una presentación efectuada por el fiscal jefe Agustín García, quien tuvo a su cargo la acusación en el anulado juicio por el femicidio de Agostina Gisfman.

Señala que el fiscal «puso en conocimiento de este Tribunal diversas críticas puntualizadas por la Presidenta del Jurado Popular». Por ejemplo, «se indicó que durante el desarrollo del juicio los jurados sintieron sensaciones de inseguridad, temor, ausencia de un lugar adecuado para el descanso y de elementos para deliberar correctamente».

«Asimismo, puso de realce que no se contó con un/a referente ante quien pudieran haber acudido frente a conflictos de convivencia entre los jurados, para inclusive canalizar dudas respecto de cuestiones menores, que no justificaban la reanudación de la audiencia y transmisión a todas las partes», añade.

Experiencia previa

El decreto recuerda que «previo a la realización de este último juicio, esa tarea de apoyo y asistencia al jurado popular la cumplía -de hecho- el Auditor Penal, Leandro Elosú Larumbe en el marco de un convenio académico que este Tribunal había firmado con el INECIP y con la Universidad de Cornell».

«El mencionado funcionario ha demostrado la experiencia y los conocimientos específicos necesarios para cumplir el rol reclamado y, de esta manera, coadyuvar a que los cuestionamientos efectuados no vuelvan a repetirse», añade el texto legal.

No hace mención a la amenaza escrita en en baño, cuya autoría aún se desconoce pese a que ya existen sospechas, ni a cómo podría evitar que vuelva a repetirse. Sólo menciona las citadas incomodidades que la presidenta del jurado le transmitió al fiscal jefe García, quien precisamente investiga el origen del mensaje intimidante.