Formularon cargos a los integrantes de una biblioteca mapuche que «ocupan» la estación del ferrocarril en Roca

En una audiencia que se extendió durante más de tres horas, finalmente la Jueza de Garantías María Gadano resolvió formular cargos a ocho personas que fueron identificadas en la ocupación de una sala de la estación de trenes donde hasta hace unos días funcionaba una biblioteca en la que se enseñaba la lengua y cultura mapuche.

La jueza también acordó con las partes que se abra un proceso de negociación por lo que el viernes volverán a reunirse para intentar avanzar en una solución en el conflicto por el cual el municipio intenta recuperar una sala que fue «usurpada», según habían denunciado las autoridades.

Fue la fiscal Belén Calarco quien tuvo la posibilidad de presentar el caso ante una sala colmada por dirigentes mapuches y representantes de organizaciones, que habían llegado al edificio de tribunales para rechazar las medidas judiciales.

Según la acusación fiscal, “el hecho habría ocurrido el jueves 14 de marzo pasado, alrededor de las 12.15, en el sector de la exbiblioteca ubicada entre el teatro de la Estación y la dirección de Turismo, ubicada en 25 de mayo, entre España y Maipú, de General Roca, cuya posesión y administración detenta la Municipalidad de General Roca”.

“En dichas circunstancias, ocho personas, y al menos 30 más aún no identificadas, cuando dos empleados de la Municipalidad estaban acondicionando el lugar, mediando violencia, amenazas e intimidación, empujaron la puerta de ingreso, pese a la resistencia de los empleados y les decían que se vayan. De esta manera habrían logrado usurpar el lugar, permaneciendo hasta la fecha los imputados antes identificados, impidiendo el ingreso de personal del municipio”, agregó.

Incluso aseguró que los trabajadores fueron amenazados: «los vamos a cagar a palos», le habrían dicho cuando intentaron realizar tareas de pintura en el interior de una de las oficinas que comparten con el área de Turismo de la comuna. Y donde hasta ese momento se dictaban clases y talleres por parte de los integrantes de la biblioteca, según explicaron los propios acusados.

El abogado del municipio, Juan Pablo Urquiaga, adhirió a la acusación de la fiscalía y resaltó que las instalaciones funcionan bajo la órbita de la comuna y que en un principio fueron cedidas al Teatro de la Estación en el año 2012 pero en el 2022 recibieron una nota asegurando que los representantes de esa agrupación artística ya no estaban en actividad por lo que técnicamente devolvían las instalaciones. Fue en ese marco que la comuna intentó retomar la administración de la sala aunque luego las negociaciones fracasaron.

Urquiaga aclaró en otro tramo de la audiencia que los representantes de la Biblioteca de Arte y Cultura Popular no están conformados como institución y que tampoco forman parte de la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) por lo que carecen de representatividad. «No tienen personería jurídica y carecen de representación», sostuvo.

La defensa de los imputados, a cargo de Victoria Naffa, también realizó un extenso planteo ante la jueza Gadano y sostuvo que desde hace 12 años que la biblioteca está en pleno funcionamiento y rechazó cualquier tipo de amenaza de los integrantes de la organización. Dijo que en reiteradas oportunidades solicitaron al municipio un canal de diálogo pero que sistemáticamente las autoridades de la comuna se negaron.

Tanto ella como su hermana, Virginia Naffa, quien resultó ser una de las imputadas, cuestionaron la metodología que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal cuando junto a efectivos de la policía ingresaron a la sala de la estación de trenes para identificar a las personas que se encontraban allí. «Lo hicieron de manera sobradora y despectiva», dijo.

Finalmente la jueza después de proponer varias alternativas para intentar llegar a un acuerdo y de resaltar que este conflicto deberían haber tenido una resolución en otro ámbito y no en el fuero penal, decidió formular cargos a los ocho jóvenes como coautoras del delito de “usurpación», según los Artículos 181 inc. 1ro. y 45 del Código Penal. Se trata de Catalina Lucero, Samara Martín Coen, Martín Gabriel García, Marcos Nicolás Huenchul, José Luis Páez, Rina Marzialetti, Agustín Cavagna y Virginia Naffa.

También dispuso que se levante el cordón policial pero que no ingresen nuevas personas al recinto hasta el viernes cuando se reúnan para intentar avanzar en una salida consensuada respecto al futuro de la sala y de la biblioteca. Resolvió que se deberá salvaguardar el bien, el espacio donde funciona la biblioteca, y no podrán ingresar nuevas personas al lugar, sólo quienes fueron imputados.