Fuerte interna en el Ministerio Público de Río Negro

Los problemas edilicios en los organismos judiciales de Bariloche causaron una fuerte interna en el Ministerio Público. Dos adjuntas de mediación le recriminaron al defensor general Ariel Alice la falta de gestiones reales para brindarles un espacio digno de trabajo. Se quejaron de que solo sumaron seis metros cuadrados en dos años y que no tienen ni siquiera teléfono, mucho menos baño.

La defensa pública de Río Negro continúa en el ojo de la tormenta, primero con un pedido conjunto del presidente del STJ Sergio Barotto y del Procurador Jorge Crespo para que los funcionarios – al menos los del fuero Civil – trabajen por la tarde. Ese pedido no hizo reaccionar al Colegio de Magistrados, quien optó por el silencio. Sin embargo el conflicto sigue en escalada, ahora con acusaciones hacia el defensor general Ariel Alice, por falta de gestiones.

Las defensoras adjuntas Lucía Feroglio y Luz María Feldman Rosa le pusieron cuerpo al reclamo de Bariloche. Las fuentes consultadas lo describieron como un “secreto a voces”. Pero las funcionarias lo escribieron.

Le recriminaron a Alice falta de gestiones reales para brindarles un espacio digno de labor. Afirmaron que las condiciones en que trabajan y atienden a la gente obstruye el acceso a la justicia de las mujeres que asisten, en su gran mayoría víctimas de violencia machista y que esa situación impide cumplir con la manda de prevenir y erradicar este flagelo.

En otro tramo del reclamo mencionaron la falta de espacio, la falta de insumos y herramientas y la sobrecarga de trabajo. Sostuvieron que no tienen teléfono, ni impresoras y que usan el baño prestado del laboratorio de Toxicomanía. Una de las defensoras aseguró que sigue tomando entrevistas telefónicas desde su casa, con su propio celular. Le recriminaron al defensor general que les consiguió seis metros cuadrados de oficina en el lapso de cuatro años.

Alice rechazó las acusaciones y les comunicó que tendrán que prestar el servicio en el mismo espacio que utilizaban antes de la pandemia y que cualquier tipo de opinión, propuesta o sugerencia deberá ser canalizada ante el defensor coordinador de Bariloche Facundo Martín Barrio “evitando comunicación directa con el Cimarc (centro de mediación) de Bariloche o cualquier otra entidad”. Aparentemente la falta de espacio también trajo problemas de convivencia con el resto de la planta judicial.

Las funcionarias apelaron esa resolución. Alegaron arbitrariedad por parte de Alice y violación a su derecho a la dignidad, a trabajar, a expresarse y a vivir una vida libre de violencia. Afirmaron que el silencio pretendido por el defensor general es el mejor aliado para perpetuar los abusos y desigualdades a los que se encuentran sujetas las mujeres en todo el mundo.

Por medio de las resoluciones 60 y 61 Alice rechazó los recursos y les requirió a las funcionarias que efectúen un profundo llamado a la reflexión respecto de su proceder. Pero las mujeres interpusieron recursos ante el Procurador y se reservaron el derecho de reclamar los daños y perjuicios provocados y de formular denuncia en los términos de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en los Ámbitos en que desarrollen sus actividades interpersonales y/o la que estime corresponda. En esa instancia Alice remitió todo al Observatorio de Violencia Laboral del Poder Judicial.

Finalmente el procurador Jorge Crespo se basó en el procedimiento administrativo para responder a las funcionarias y utilizó un sinnúmero de argumentos de carácter técnico para rechazar los recursos.
Distintos defensores consultados coincidieron con el planteo que hace referencia a la falta de gestión en la defensa pública.

El Consejo de la Magistratura tiene ahora la tarea de designar una defensora o defensor jefe de mediación para Viedma y Bariloche. La persona al frente de ese cargo en la ciudad cordillerana será la encargada de administrar este nuevo conflicto.