Corren los plazos para el desalojo de dos comunidades mapuches en Bariloche y El Bolsón
Se trata de la lof Buenuleo y Quemquemtreu, asentada en Cuesta del Ternero. Si no se retiran por voluntad propia la Justicia dará intervención al ministerio de Seguridad.
Con fallos ya confirmados en segunda instancia, las dos comunidades mapuches asentadas en la cordillera de Río Negro que recibieron condenas por usurpación de tierras en el cerro Ventana y en Cuesta del Ternero enfrentan intimaciones para el desalojo “voluntario” de esos predios, con plazos que vencerán en los primeros días de marzo.
A partir de entonces -según el procedimiento reglado- la Justicia debe dar parte al ministerio de Seguridad para que ejecute el desalojo por la fuerza. Las fechas de esos eventuales operativos son imposibles de estimar porque deben ajustarse a un protocolo que incluye la consulta e intervención de otros organismos.
Cinco integrantes de la comunidad Buenuleo fueron condenados en marzo de 2024 a penas de hasta 18 meses de prisión en suspenso por la usurpación de una fracción de 92 hectáreas, emplazada sobre el faldeo del cerro Ventana, al sur de Bariloche. El fallo fue dictado por un tribunal presidido por la jueza Romina Martini e incluyó la orden de desalojo del lote y su restitución al denunciante, Emilio Friedrich, quien logró demostar su condición de “poseedor” de esas tierras.
Pocos meses después, a comienzos de octubre, recibieron una condena similar tres miembros de la lof Quemquemtreu, por una ocupación de tierras iniciada tres años antes en Cuesta del Ternero, en cercanías de El Bolsón. En su sentencia de imposición de pena la jueza Martini ordenó también el inmediato desalojo.
Las decisiones judiciales fueron apeladas por las defensas ante el Tribunal de Impugnación provincial, que este mes confirmó los fallos en ambos casos.
Desde la Procuración Fiscal informaron hoy que “el doble conforme”, es decir las sentencias coincidentes en dos instancias sucesivas, habilita a avanzar con los desalojos, sin esperar eventuales eventuales recursos ante el Superior Tribunal de Justicia.
La comunidad Buenuleo fue notificada esta semana de la obligación de retirarse y se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para hacerlo por decisión propia. No fue posible confirmar si ya está cumplido el mismo trámite en el caso de la lof Quemquemtreu, que tendría 10 días de plazo. Trascendió que esa comunidad realizaría la semana próxima un “trawun”, es decir un encuentro deliberativo para resolver la respuesta que darán a la intimación de desalojo.
Meses atrás, ante una consulta de este medio, desde la comunidad Buenuleo aseguraron que la voluntad era “resistir” el desalojo.

La abogada de la lof Quemquemtreu, Andrea Reile, dijo hoy que si no se produce el desalojo voluntario las acciones quedan en manos del ministerio de Seguridad, pero en ningún caso el procedimiento sobre el terreno sería inmediato, “porque existe un protocolo, que obliga a expedirse a varias áreas de gobierno como Educación, Salud, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas”.
Aclaró que deben recibir la notificación “fehaciente” del desalojo no solo las tres personas condenadas en el juicio “sino todos los ocupantes sin distinción”.
Los caminos a seguir por las comunidades
Reile dijo que sus representados tienen “otras vías recursivas” para impugnar el fallo condenatorio -como la apelación ante el STJ- y las piensan ejercer, pero admitió que con “el doble conforme” desbloquea la suspensión para avanzar con el desalojo.
La abogada recordó que la lof Quemquemtreu reivindica su derecho de permanencia “sobre apenas 10 hectáreas” y que la titular de esas tierras es la provincia, que no accionó en el juicio. La querella fue sostenida por un permisionario, Rolando Rocco, que tiene explotaciones forestales en Cuesta del Terreno, pero “ningún pino plantado” en las 10 hectáreas del litigio.
“Hay que tomar dimensión de la diferencia. Son 2.500 hectáreas contra apenas 10”, dijo Reile. Señaló que durante el proceso buscaron “todas las alternativas posibles de entendimiento” con el gobierno provincial, pero “no hubo voluntad política”.
Admitió que si se habla de desalojos, el antecedente en la región más cercano es el que practicó el gobierno nacional en octubre de 2023 contra la comunidad Lafquen Winkul Mapu, asentada en Mascardi, y donde -según la abogada- “hubo un despliegue de seguridad desmesurado, fue terrible, y se violaron todas las normas internacionales”.
Con fallos ya confirmados en segunda instancia, las dos comunidades mapuches asentadas en la cordillera de Río Negro que recibieron condenas por usurpación de tierras en el cerro Ventana y en Cuesta del Ternero enfrentan intimaciones para el desalojo “voluntario” de esos predios, con plazos que vencerán en los primeros días de marzo.
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