La CIDH convocó a la Argentina por un homicidio impune en Cipolletti desde 2001
Invitó, a través del canciller Cafiero, a encontrar una solución amistosa. La Comisión Interamericana se ofreció como mediadora.
El crimen ocurrió cuando la estación de tren estaba abandonada. (Archivo)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó al Estado Argentino a iniciar un proceso de negociación para llegar a una «solución amistosa» con los familiares de un joven de Cipolletti asesinado en 2001, cuyo caso quedó impune.
El organismo internacional notificó al canciller Santiago Cafiero de la presentación de la familia de la víctima, Jorge Luis Ortiz, y le otorgó un mes de plazo para que responda si tiene interés en iniciar el proceso de negociación, «el cual contará con los buenos oficios de la CIDH».
Así lo informó el abogado que hizo la presentación, Marcelo Hertzriken Velasco. Recordó que la madre del joven, Ana María Silva Smith, falleció «esperando una resolución de este caso», y siguen adelante el padre y una hermana.
Anticipó que como parte de la solución amistosa pedirá una reforma en el Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro para que se permita que los familiares de las víctimas puedan ser querellantes en aquellas causas donde estén imputados menores de edad. También solicitará la creación de una Agencia Provincial de Víctimas, una reparación económica integral, y que las salas de audiencias más grandes de Cipolletti lleven los nombres de Ana Silva Smith y Ulises González (padre de dos de las víctimas del primer triple crimen).
Tres condenas, ningún culpable
Ortiz, de 17 años y padre de una recién nacida, fue asesinado el 18 de marzo de 2001 en la estación de trenes de Cipolletti. Allí se había reunido con su exnovia, por entonces de la misma edad. Aparecieron al menos dos personas que nunca fueron identificadas y le dieron golpes en el cráneo que le causaron la muerte.
La joven fue llevada a juicio tres veces, acusada de pergeñar el ataque. El 31 de mayo de 2005 fue condenada a 5 años de prisión por lesiones gravísimas doblemente agravadas, por ser cometidas con alevosía y concurso premeditado de dos personas. El fallo fue anulado el 29 de diciembre de ese año por el Superior Tribunal de Justicia.
El 13 de julio de 2007 la volvieron a condenar por un delito menos grave, encubrimiento. El 28 de noviembre de ese año el STJ volvió a anular y cambió la calificación a homicidio preterintencional. El 15 de abril de 2009 le impusieron un año de prisión en suspenso.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el 13 de marzo de 2012 se decretó la prescripción de la acción penal.
«Los intrincados caminos del proceso penal»
El exjuez César López Meyer, de Roca, lo expresó con crudeza en uno de los últimos fallos: «Se trata de una causa importante, cuyo legajo se reparte en 10 cuerpos (casi 2.000 fojas), originada por un horrendo crimen que, aunque todos los jueces que se pronunciaron sobre la responsabilidad de la imputada la hallaron culpable, cierto que con diferentes encuadramientos legales, aparentemente terminará impune a raíz de los intrincados caminos de nuestro proceso penal…»
El abogado Hertzriken Velasco planteó ante la Comisión IDH que «los responsables» de esta impunidad «son la República Argentina y el Estado provincial rionegrino, por no investigar y condenar en tiempo y forma a los autores del suceso«.
«Los derechos severamente conculcados en la presente son: el derecho a la tutela judicial efectiva, a la igualdad ante la ley y a la recurribilidad«, afirmó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó al Estado Argentino a iniciar un proceso de negociación para llegar a una "solución amistosa" con los familiares de un joven de Cipolletti asesinado en 2001, cuyo caso quedó impune.
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