La jueza Servini denunció a Martín Soria por obstrucción de la justicia

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, fue denunciado penalmente por la jueza María Servini.

La acusación -que alcanza a la titular del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori- es por obstrucción de la justicia y divulgación de información reservada, en el marco de una causa que se abrió para investigar la presunta venta de drogas dentro de la cárcel de Devoto.

Si prospera el pedido de la magistrada, el exintendente de Roca y la funcionaria a cargo del SPF deberán responder por qué no se avanzó con las acciones requeridas, luego de recibirse en sede judicial una denuncia que advirtió sobre la comercialización de estupefacientes en el Pabellón Universitario del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó esta semana Infobae, los obstáculos para investigar esos hechos empezaron a notarse en diciembre del año pasado, cuando el Servicio Penitenciario le informó a la jueza que la investigación no había podido realizarse porque carecían de facultades para llevarla a cabo.

Dos meses después, en febrero de 2022, la dirección del Servicio Penitenciario Federal le contestó a la jueza que no contaban con un organismo que pudiera hacer las tareas encomendadas. El argumento de la dirección del SPF fue que “el organismo denominado como “Departamento de Inteligencia Penitenciaria”, también conocido internamente como “Unidad 50″, había sido disuelto por la intervención al Servicio Penitenciario Federal decretada el 10 de junio de 2020 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que, a la fecha, no se había creado una División que la suplantara o contara con las facultades legales y/o reglamentarias para dar cumplimiento a lo solicitado”.

Luego de eso, en marzo de este año Servini le mandó un oficio a Soria, insistiendo en el pedido de colaboración para la causa.

Dos semanas después de esa comunicación se presentó en el juzgado un agente del SPF, reclamando “un vehículo no identificable, personal computadoras, impresoras con insumos y un lugar físico con acceso a internet”.

Cuando Servini se quejó por esa situación, la dirección del SPF le hizo saber que ese ayudante había sido designado por la jefatura de Devoto y que era alguien bajo investigación por un sumario interno.

La jueza revocó la designación de ese investigador, pero eso no fue lo que más la sorprendió. Dos semanas después recibió un mail anónimo, donde se nombraba a Sonia Alvarez, subdirectora del SPF, y se la vinculaba con actividades ilegales sucedidas en la cárcel de Ezeiza mientras esa unidad penitenciaria estaba a su cargo.

La alarma de la magistrada fue extrema cuando leyó en el mail que la operatoria, la denuncia y el inicio de la causa para investigar la venta de drogas en la cárcel de Devoto eran temas conocidos dentro del SPF. 

En la resolución firmada por Servini en la que relató los hechos, la jueza señaló que: “…habré de destacar con vergüenza que a casi un año del inicio de las actuaciones y por inacción de las autoridades requeridas, la presente investigación se encuentra en el mismo estado que comenzara. Dicha circunstancia me permite concluir que, sin perjuicio de los numerosos intentos por parte de esta sede de tratar de acreditar y corroborar los extremos denunciados, existió una clara obstrucción que deberá ser investigada y que, en definitiva, se ve reflejada tanto en la falta de celeridad para actuar, como así también en la publicidad que tomó esta investigación, que debió haber sido de carácter reservada”.

Por eso la jueza hizo dos denuncias. Una contra Álvarez que fue remitida a la Cámara Federal de San Martín para que se investigue en un juzgado federal de Lomas de Zamora. Y otra contra Soria y Garrigós de Rébori “por la demora, obstrucción y divulgación de información reservada de esta investigación”. La última denuncia fue sorteada el lunes y le tocó al juez Julián Ercolini. Interviene en el caso el fiscal Guillermo Marijuán.