La polémica detención del imputado de ser cómplice por el homicidio del comerciante en Cipolletti

El fiscal Juan Pablo Escalada sintió por primera vez lo que era estar en el lugar de un imputado. Es que la jueza Sonia Martín lo sometió casi a una indagatoria para conocer los motivos de la detención de Mauro Sepúlveda, acusado de ser partícipe del homicidio del comerciante Franco Lagos Gacitua.

El homicidio ocurrió en la noche del 25 de octubre cuando tres hombres flacos, altos y encapuchados ingresaron a la carnicería del barrio Costa Norte. Le robaron dinero y le dispararon con un arma de fuego delante de su familia. Y escaparon en el taxi que manejaba Mauricio Díaz Sepúlveda, a quien la jueza le dictó prisión preventiva no sin antes hacer pasar por un incómodo momento a los tres fiscales a cargo.

Es que Sepúlveda fue citado como testigo al día siguiente, al mediodía, en la sede de la Brigada de Investigaciones. Eso después de que se obtuviera la información sobre la presencia del Renault Logan que él conducía en el sector donde ocurrió el crimen.

Cerca de las nueve de la noche pasó de testigo a detenido y a las 23.57 el fiscal Escalada firmó la orden. El defensor Rubén Antiguala, cada vez más filoso, cuestionó que no había orden de detención escrita como exige el código de procedimientos penal.

La jueza Sonia Martín, una de las más estrictas de todo el foro, empezó a indagar. Primero se advirtió un extraño pase, cada vez más habitual, entre el defensor público Sebastián Nolivo y el abogado particular Antiguala. Luego siguió el tema legal.

¿Hay orden escrita o no hay orden escrita?, preguntó la magistrada al adjunto. “Sí, doctora por supuesto”, aseguró Escalada. El funcionario es el más joven de la circunscripción, juró hace exactamente un año, y ha demostrado solvencia en las causas complicadas que le tocó intervenir. Pero el sábado tuvo que sobrellevarla.

¿En qué motivan esa orden?, repreguntó Martín. En el peligro de fuga y en las testimoniales, contestó Escalada con gestos de nerviosismo y tocándose la oreja. ¿Pero la orden está o no está en el legajo?, requirió Martín. El fiscal Pezzetta, en un intento de salvar a su adjunto, tomó la palabra. “Sí, firmada por Escalada a las 23.57”, respondió.

Sonia Martín, que fue jueza de instrucción y tiene muchísima experiencia, continuó: “Pero no me dijeron que lo detuvieron a las nueve, como que la orden está a las 23, y que pasó entre las doce del mediodía hora en que fue convocado como testigo y las nueve de la noche, ¿estuvo detenido ilegalmente”, insistió.

Casi como si fuese una cadena, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna buscó el salvataje de Pezzetta. Y empezó a explicar que la razones estaban en la cabeza de Escalada, que después bajó la idea al decreto y buscó la firma digital. Esta vez no fueron suficientes sus artes de litigación.

La detención fue ilegal porque sí el defensor pretendía recurrirla no tenía las razones por escrito, sentenció Martín. Con eso le dejó abierta la posibilidad al imputado para que le formule un reclamo al Estado por el deficiente accionar de la fiscalía.

“Conozco su criterio, pasó lo mismo en Rebolledo (femicidio de Agustina Atencio en Catriel), no la voy a contradecir doctora”, alcanzó a decir Pezzetta. Pero la jueza lo cruzó: “Y sí conocen mi criterio porque siguen haciendo siempre lo mismo, esto es una desprolijidad”, protestó.

La fiscalía, en sus tres representantes, quedó vapuleada. La audiencia continuó, Martín dio por formulados los cargos por la calificación de homicidio para ocultar otro delito (el robo) y dictó la prisión preventiva por entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. El imputado es el único que sabe hasta ahora quienes son los autores del crimen y con esa información podría colaborar para desviar (o encauzar) la investigación o irse sin dar un dato.