Muerte de Teo Vázquez en Roca: la familia sumó fuertes críticas a la Justicia y el acusado sigue detenido
El acusado por la muerte de Teo Vázquez seguirá detenido hasta abril. La familia de la víctima denunció negligencia judicial y exige justicia.
Hubo prisión preventiva del acusado del homicidio de Teo Vázquez. Foto Captura.
El caso que conmocionó a Roca dio otro avance judicial. Lautaro Lobos, acusado por la muerte de Teo Samuel Vázquez, continuará detenido por dos meses más, según lo dispuesto en una reciente audiencia realizada este martes. La medida responde al vencimiento de la prisión preventiva vigente y busca garantizar la continuidad del proceso, en medio de un conflicto de competencias judiciales entre la Justicia rionegrina y el fuero federal.
Mientras tanto, la familia de Teo no cesa en sus críticas hacia la Justicia de Río Negro. Natalia Vázquez, madre de la joven fallecida en febrero de 2024, aseguró que la inacción de los organismos judiciales fue determinante para que el acusado consumara el homicidio. «Dije que mi hija estaba siendo hostigada días antes de su muerte, pero nadie escuchó«, afirmó Natalia, en diálogo con este medio.
Prisión preventiva prorrogada
La fiscalía, encabezada por Graciela Echegaray y Analía Cofré, junto a la parte querellante liderada por Juan Vincenty, solicitaron la extensión de la prisión preventiva hasta el 2 de abril, argumentando la necesidad de tiempo para concluir el control de acusación.
Según explicó Vincenty, esta instancia es clave para presentar las pruebas recopiladas contra Lobos, quien enfrenta cargos por el homicidio de la joven.
La defensa no se opuso al pedido. Sin embargo, el abogado defensor, Oscar Pineda, adelantó que propondrán -en un futuro- un cambio en la medida cautelar menos gravosa: prisión domiciliaria. En su intervención, explicó que están en desacuerdo con el peligro de fuga y la proporcionalidad.
«Estamos en enero y necesitamos dos pruebas fundamentales: un informe social y otro de perito psiquiátrico. Estos no se encuentran durante este mes y, por eso, no contamos con un pedido de mitigación debidamente fundamentado», indicó el defensor.
Sin embargo, el caso se encuentra sumido en un punto crítico: un conflicto de competencias entre la Justicia provincial y el fuero federal. Este último asumió parcialmente la causa debido a la presunta venta de medicamentos controlados y estupefacientes, pero dejó fuera el cargo principal por la muerte de Teo.
Las denuncias de la familia
La familia Vázquez denunció que hubo reiteradas advertencias sobre el accionar de Lobos que fueron ignoradas. Según Natalia, el acusado, además de hostigar a su hija, ofrecía sustancias como morfina. «Fui a la Fiscalía el 24 de enero y no quisieron tomarme la denuncia. Dijeron que debía escribirla yo misma», relató.
Además, mencionó que Lobos tenía antecedentes de violencia de género contra una exnovia y que utilizaba este vínculo para actividades ilícitas. Según el relato de Natalia, al quedarse sin cómplice, Lobos presionaba a Teo para que colaborara en la venta de medicamentos, lo que derivó en su fatal desenlace.
El abuelo de Teo, Aurelio Vázquez, fue contundente: «La negligencia e inacción de la Justicia permitió que esto sucediera». Entre los puntos más criticados, destacó que un empleado judicial que rechazó la denuncia previa al crimen recibió apenas 10 días de suspensión.
«Fui a la Fiscalía en enero de 2024 y les expliqué lo que pasaba. Les dije que este hombre le ofrecía morfina a mi hija y nadie hizo nada», sostuvo Natalia, visiblemente afectada. El reclamo de la familia no solo apunta a la falta de acción preventiva, sino también a las deficiencias en el manejo del caso una vez que se produjo la tragedia.
Asimismo, la familia indicó que se inició un sumario contra la fiscal que entonces llevaba la causa, aunque aún no se obtuvieron resultados. «No queremos más Teos», reclamó Aurelio.
El conflicto de competencias y un caso complejo
El caso está ahora bajo análisis de la Corte Suprema, que debe determinar si será la Justicia de Río Negro o el fuero federal quien juzgue a Lobos. Este proceso, que inició en noviembre pasado, podría demorar meses, según explicaron las partes acusadoras.
Mientras tanto, la fiscalía busca avanzar en el control de acusación para consolidar la imputación. «Esperamos que la Corte resuelva esto pronto. Es clave para llevar a juicio oral al acusado», señaló Juan Vincenty, abogado querellante.
El hecho y la calificación
Teo Samuel Vázquez, una joven de apenas 19 años, murió tras ingerir medicamentos que, según la acusación, Lobos facilitó en su departamento. Para la familia, la inacción judicial fue un factor determinante.
La causa llega tras una reformulación de cargos en julio del 2024 y la imputación quedó bajo la carátula de homicidio con dolo (artículo 79 del Código Penal) y presuntos delitos federales, como falsificación de recetas médicas y suministro de sustancias controladas.
Es decir, el juez federal aceptó nada más que la competencia por respecto a delitos menores como la oferta de de productos medicinales que requieren receta médica.
También se está investigando la defraudación al PAMI porque la evidencia indicaría que el acusado falsificaba recetas médicas que luego eran facturadas a la obra social por parte de las farmacias.
«Desde la querella se propuso la unificación de todo el complejo de la imputación en el fuero federal. La realidad es que el fallecimiento de Teo Samuel Vázquez se produce por la ingesta de de opiáceos, tramadol y codeína, que este muchacho tenía en su departamento de calle España y, según la tesis nuestra, facilitó que la chica consumiera esa sustancia y terminara muriendo por esa causa», detalló Vincenty.
Con Lobos en prisión preventiva, la causa sigue marcada por la lentitud y los cruces entre jurisdicciones.
El caso que conmocionó a Roca dio otro avance judicial. Lautaro Lobos, acusado por la muerte de Teo Samuel Vázquez, continuará detenido por dos meses más, según lo dispuesto en una reciente audiencia realizada este martes. La medida responde al vencimiento de la prisión preventiva vigente y busca garantizar la continuidad del proceso, en medio de un conflicto de competencias judiciales entre la Justicia rionegrina y el fuero federal.
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