Por orden de una jueza, sigue en pie la demanda contra la provincia de Neuquén por el protocolo de violencia laboral

La demanda realizada por la Colectiva Feminista La Revuelta y Socorro Violeta contra la provincia de Neuquén por el protocolo de violencia laboral, de género, acoso y discriminación decretado durante el gobierno de Omar Gutiérrez, sigue su curso legal. Así lo determinó una jueza en las últimas horas, luego de rechazar un planteo del Ejecutivo que buscaba tirar por tierra el planteo que propone mejoras sustanciales en el protocolo.

En concreto, la jueza en lo Contencioso Administrativo, Ma. Cecilia Gómez, rechazó el pasado 20 de marzo lo planteado por el Gobierno que pretendía el rechazo a la demanda interpuesta contra el “Protocolo para la Prevención, Intervención y Protección en Situaciones de Violencia Laboral en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén».

Los argumentos del Ejecutivo, consideraban que el protocolo no es susceptible de impugnación y que si la Justicia le ordenaba adecuar lo decretado a la normativa vigente, estaría «violando la división de poderes».

Por su parte, la magistrada ponderó por sobre el cuestionamiento gubernamental, el interés legítimo defendido por la agrupación feminista contempla a todas las personas alcanzadas por el reglamento. Entendiendo como tal a quienes se desempeñan en la administración pública provincial centralizada o descentralizada y puedan ser víctimas de violencia laboral por razones de género.

Cecilia Gómez consideró que los reglamentos de este tipo (protocolo) deben ser dictados respetando la ley que los reglamentan o el marco legal en el que están insertos, siendo el Poder Judicial el encargado de controlar su legalidad.

Desde lo procesal, a partir de esta decisión judicial, las organizaciones La Revuelta y el Espacio Socorro Violeta, irán a la etapa probatoria que permitirá arribar a una sentencia, la cual en caso de ser favorable le exigirá al Ejecutivo provincial que modifique el protocolo conforme a las leyes vigentes procurando garantizar los derechos de los denunciantes.

Las críticas al protocolo surgen por no contemplar situaciones a las que no considera de violencia laboral como reclamos sobre condiciones de trabajo, exigencias organizacionales, estrés laboral y síndrome de agotamiento profesional.

En la demanda, la Revuelta afirma que «las exclusiones resultan absolutamente insólitas», que «claramente constituyen formas clásicas de violencia laboral» y que este es «un burdo intento por invisibilizarlas».