Postergaron las indagatorias de mapuches imputados por usurpación en Villa Mascardi

La causa por la usurpación del predio La Escondida, ubicado en Villa Mascardi, sigue a las vueltas en la justicia federal. Ya pasaron más de cuatro años y medio desde que un grupo de personas, que se identificó como miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, ocuparon ese lote privado. Sin embargo, todavía no se tomaron las indagatorias de los imputados.

El abogado Virgilio Sánchez, que asiste a algunos acusados, informó que desde el juzgado federal de Bariloche, que subroga la jueza Silvina Domínguez, resolvieron volver a programar las indagatorias de los imputados.

La decisión se adoptó “en atención a los problemas de conectividad evidenciados por Yéssica Fernanda Bonnefoi, Martha Luciana Jaramillo y Betiana Ayelén Colhuan”, indica la resolución judicial.

Domínguez resolvió aplazar las indagatorias debido “a la incomparecencia injustificada de Romina Rosas; y a la suspensión de las declaraciones de Juan Pablo y Cristian Germán Colhuan en razón del feriado nacional declarado mediante DNU 573/2022” por el presidente Alberto Fernández, tras el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández. Solo María Nahuel y Mayra Tapia comparecieron a principios de este mes.

Desde el juzgado federal notificaron a 6 imputados que las indagatorias por zoom se harán el 8, 9 y 23 de noviembre. Las autoridades judiciales optaron por las videollamadas para evitar posibles incidentes y desmanes en el edificio como ocurrió en otras ocasiones cuando los imputados se presentaron en el edificio de la avenida San Martín al 400 de Bariloche, comentaron fuentes judiciales.

“En atención a los inconvenientes de conectividad que recientemente conspiraron contra la realización de las audiencias fijadas, intímese a los imputados a que arbitren los medios necesarios para llevar adelante los actos establecidos en los días y horarios designados”, ordena la notificación judicial.

“A tal fin, se hace saber que el Tribunal deja ofrecida la posibilidad de comparecer en la sede de alguna fuerza de prevención para el caso de que se experimenten problemas de conectividad en los

domicilios particulares, evitando de esa manera la reprogramación de audiencias que conspira contra la celeridad y que resulta sumamente dificultosa en razón de la apretada agenda que poseen este Juzgado y el de Zapala a cuyo cargo me encuentro”, sostuvo Domínguez.

“Toda vez que las audiencias serán fijadas con suficiente antelación por segunda vez, los imputados deberán ser notificados personalmente bajo apercibimiento de ordenar sus traslados por la fuerza pública en caso de incomparecencia”, aclaró la jueza.

A todo esto, la Corte Suprema aún no resolvió si la causa penal debe seguir tramitándose en el fuero federal, como dictaminó el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal.

El conflicto se originó cuando el entonces juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata dispuso que la causa se tramitara en la justicia provincial, que rechazó recibir el expediente.