Sobreseen a uno de los responsables de la muerte de un operario de la CEB en Bariloche

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa dictó el sobreseimiento de Carlos Galván, imputado por la muerte de un operario de la Cooperativa de Electricidad Bariloche el 25 de julio del 2014, tras cumplir las previsiones de la suspensión del juicio a prueba.

El fiscal Guillermo Lista explicó la razón por la cual solicitó la audiencia. El hecho ocurrió nueve años atrás, en la calle Esandi al 2700. En esa ocasión, una cuadrilla de trabajadores de la CEB operaba bajo las órdenes de los capataces Galván y Carlos Fernandez Sanders, y ejecutaba un proyecto de construcción de una subestación con un transformador de 63 kva.

Lista describió que tras iniciar la tarea, previo al montaje del transformador, los jefes del proyecto verificaron que la altura a la que estaba enterrado el poste, no era la correcta y ordenaron elevarlo. “La grúa sacó el poste, rellenó el pozo y la grúa volvió a colocarlo a la altura correcta. La grúa subió el transformador de 500 kilos. El poste comenzó a moverse y cayó, junto al transformador, sobre Víctor Hugo Rodríguez causándole la muerte por traumatismo de cráneo por aplastamiento”, relató el fiscal.

Consideró que “los capataces actuaron de manera negligente” y dijo que “eran los más experimentados en el lugar, impartían órdenes y no verificaron la estabilidad del poste”. Además, señaló, permitieron que más de una persona se subiera al poste.

En agosto del 2019, la fiscal del caso Betiana Cendón dio por formulados los cargos a Galván por considerarlo como responsable del delito de homicidio culposo y, en marzo del 2020, hubo un acuerdo de partes.

“Se dispuso la inhabilitación de Galván por 5 años para desarrollar tareas como capataz y tener gente a su cargo. Y 250 horas de tareas comunitarias”, señaló Lista.

Recalcó que, hoy “la oficina judicial informó sobre el cumplimiento de las pautas de conducta. Hubo un pago de 27 mil pesos por las 250 horas de trabajo comunitario, que tuvieron como destino al hospital de Bariloche. Respecto a la inhabilitación por 5 años para desarrollar tareas, sucedió que ese plazo superaba los 3 años del juicio a prueba. De modo que la inhabilitación ya estaría cumplida”.

“Este Ministerio Público cree que corresponde dar por concluido el trámite de suspensión del juicio a prueba y promover la extinción de la acción penal”, concluyó Lista.