Sorpresivo giro en el juicio por fraude contra exfuncionarios de Cinco Saltos

El juicio contra el exintendente de Cinco Saltos evidenció, una vez más, las dificultades que tiene el Ministerio Público con algunas investigaciones. Demoraron años en una causa por fraude, empezaron con cuatro imputados, promovieron un extenso debate y terminaron acusando a un solo funcionario. El alegato del fiscal jefe causó sorpresa, no solo a las partes, sino al propio tribunal que sellará la suerte de Germán Epul cuando firme su absolución.

El fiscal jefe Gustavo Herrera dio un giro sorpresivo en los alegatos de clausura del juicio contra exfuncionarios de Cinco Saltos por fraude y decidió bajar la acusación contra el exintendente Germán Epul. Apuntó toda su teoría contra el exsecretario de Obras Públicas Diego Palacios y adelantó que pedirá penas de prisión efectiva.

Pero el plato fuerte de su presentación fue la decisión de pedir la absolución del exjefe comunal por el beneficio de la duda. Se adelantó a una posible decisión del tribunal con el argumento que no se pudo probar en el debate el «dolo» (es decir intencionalidad) de Epul en la supuesta maniobra delictiva.

Dijo no tener dudas que actuó de forma «negligente» pero que no se pudo comprobar que haya cometido un delito. Por el contrario apuntó todos los cañones contra Palacios a quien le dedicó gran parte de los 60 minutos que alegó en el cierre del juicio por una compra de adoquines que el municipio pagó pero que nunca se entregaron.

Los hechos ocurrieron en la gestión Epul entre 2015 y 2019 fueron denunciados por la gestión siguiente a cargo de Liliana Alvarado. El Ministerio Público Fiscal tuvo años para realizar esta investigación e incluso Herrera dijo que fueron a fondo.

Sin embargo no pudo determinar si Epul tuvo alguna responsabilidad penal. En el proceso también fue imputada una contadora que finalmente quedó excluida de la persecución penal y también el empresario que ganó la licitación: Nazareno Lozano.

Lozano finalmente recibió una criterio de oportunidad a cambio de ser el testigo clave del proceso y lo fue porque sirvió para esclarecer las maniobras que hicieron con Palacios. El propio Herrera dijo que fue una estrategia y que podría ser discutible, pero que necesaria para esclarecer la actividad delictiva de Palacios, no así con Epul.

El fiscal jefe esgrimió que el exsecretario obligó a Lozano a participar a sabiendas que no tenía ningún requisito no solo para ganar la licitación sino para la entrega del material que al día de hoy sigue en deuda: «la calle sigue sin los adoquines», dijo Herrera. Pero además aseguró que Palacios ideó el plan delictivo y cada paso administrativo para llegar al fin.

Entre ellos el presupuesto de la licitación que era de algo más de 3 millones de pesos: «El sabía que era imposible» cumplir con ese número. Por eso lo hizo participar a Lozano con una oferta mucho menor (2,4 millones) y lo hizo a último momento.

El tribunal compuesto por las juezas Alejandra Berenguer, Florencia Caruso y el juez Julio Sueldo deben definir la responsabilidad penal del único acusado que quedó en el proceso. En caso de hallarlo penalmente responsable se debe realizar un juicio de cesura para la imposición de penas.