Tres causas judiciales que se retoman tras la feria judicial en Río Negro
Los casos se desarrollaron en Roca, Allen y Huergo.
El lunes 3 de febrero vuelve la actividad judicial plena tras la feria y hay tres causas que se llevan adelante en el Alto Valle que volverán a tener movimiento en las próximas semanas. En los expedientes judiciales se investigan casos que sucedieron en Roca, Allen y Huergo.
La polémica casa construida en Paso Córdoba: habrá respuesta del municipio de Roca en la Justicia
La causa por la casa construida en el área protegida en Paso Córdoba y que despertó una fuerte polémica en la ciudad, volverá a tener actividad judicial en febrero con la respuesta a la demanda que los propietarios de la construcción presentaron en un juzgado Contencioso Administrativo de los tribunales de Roca.
La Justicia, a través del juez Matías Lafuente, no hizo lugar a la medida cautelar de los dueños de la construcción para bloquear las decisiones municipales, pero ordenó presentar pruebas al Gobierno comunal que justifiquen la multa y la orden de demolición.
La imponente casa se encuentra a poco más de un kilómetro del puente de Paso Córdoba, en un lote privado pero dentro del Área Protegida.
El Tribunal de Faltas municipal multó a los dueños y ordenó la demolición de la costosa construcción a mediados de 2024, ya que consideró a la vivienda “clandestina” porque no contaba con la aprobación del municipio para su construcción.
Los tres dueños apelaron la decisión argumentando que habían regularizado la situación y que la casa forma parte de un proyecto turístico. La apelación fue rechazada y se ratificó tanto la multa como la orden de demolición.
En este escenario los propietarios recurrieron al juzgado Contencioso Administrativo de de la Justicia de Río Negro.
La causa contra un exintendente de Huergo
La audiencia de formulación de cargos contra el exintendente de Huergo, Miguel Martínez fue postergada a comienzos de diciembre en medio de un planteo del abogado defensor Federico Diorio de inconsistencia en la acusación contra el exjefe comunal.
«Nos viene cambiando el hecho«, aseguró Diorio a este medio, luego de solicitar que el equipo fiscal avance en una «correcta evaluación» de las acusaciones.
La investigación es llevada adelante el fiscal Juan Luppi, de la delegación judicial de Regina, y la fiscal jefa Graciela Echegaray, de la Segunda Circunscripción, y debería tener novedades durante febrero.
La actual gestión municipal de Huergo, a cargo de Silvia Penilla, denunció a través de un asesor letrado que un proveedor del municipio aseguró que pagó personalmente al intendente un lote que el gobierno municipal le cedió, pero ese monto no habría ingresado a las arcas municipales. El comprador se anotició de esta situación con solicitó un libre deuda y allí figuraban cuotas impagas por un monto de alrededor de 4 millones de pesos.
Causa por estafa contra miembros de la mutual municipal de Allen
Seis miembros de la mutual municipal de Allen (Moyem), están siendo investigados tras la formulación de cargos en su contra en diciembre pasado en una causa por estafa a empleados municipales.
El 5 de diciembre la fiscalía descentralizada de esa ciudad, a cargo de Ricardo Romero, y el abogado querellante que representa al municipio de Allen, Federico Diorio, presentaron las pruebas que tienen contra los seis imputados y requirieron cuatro meses de investigación, plazo que el juez Julio Martínez Vivot otorgó a la parte acusatoria.
Los cargos fueron presentados contra Ramón Cayuqueo, titular de Moyem; Adriana Trujillo, en su carácter de secretaria; Susana Reyes, como tesorera; Rodrigo Nahuelan como vocal titular; Daniel Montivero como suplente; y Claudio López como apoderado.
Romero, con la adhesión de Diorio, dijo que los imputados «siguiendo un plan común, en el periodo comprendido entre el 31 de julio de 2018 al 31 de julio del 2024, en al menos 72 oportunidades simularon haber constituido regularmente la mutual de empleados municipales de Allen, a cuyos efectos falsificaron actas de asamblea, fichas de afiliación, listados de deudores y libros de actas; «además entregaron papeles membretados con firmas, otorgaron préstamos personales y utilizaron sellos con la leyenda: «MUTUAL DE OBREROS MUNICIPALES Y EMPLEADOS MUNICIPALES (M.O.Y.E.M.)».
Lo anterior, según la fiscalía, lo hicieron «a sabiendas que dicha mutual había dejado de existir en el año 2006, por resolución del organismo que las las Asociaciones Mutuales, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), resolución de la que había sido notificados».
Por otra parte, con esa maniobra, aseguró el fiscal Romero, «los nombrados concretaron también el engaño al Municipio de la Ciudad de Allen, al que remitían las actas de asambleas, las planillas con las afiliaciones y actas firmadas por los afiliados autorizando el descuento de sus haberes mensuales del valor de la cuota de afiliado y, en su caso el descuento del valor de la cuotas correspondientes a los préstamos personales que se les otorgaran».
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