Un defensor oficial de Bariloche, cuestionado por su actuación en causa con mapuches

El particular que intervino como querellante en el juicio penal seguido contra seis integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo presentó un pedido de juicio político contra el defensor oficial de los acusados -y finalmente condenados-, Marcos Ciciarello, por entender que se “extralimitó” en su función.

El juicio por usurpación se prolongó por casi cinco años y el fallo terminó por favorecer a Emilio Friedrich, a quien le fue reconocido el derecho a recuperar las tierras ocupadas, al pie del cerro Ventana. El fallo quedó firme a comienzos de febrero y Friedrich ingresó al lugar hace unos veinte días acompañado de un fuerte operativo policial y con ayuda del municipio, que derribó una tranquera colocada por la comunidad mapuche en un camino que considera de su propiedad.

Cicierello promovió una audiencia para revisar esas actuaciones y cuestionó a la fiscal que las encabezó, Betiana Cendón, por haberse “excedido” en la ejecución de la orden de restitución del predio. La nueva controversia, relacionada con el camino de acceso que atraviesa tierras de la comunidad, deberá ser resuelta en el fuero civil.

Pero el litigio parece no haber terminado ahí, porque Friedrich decidió avanzar contra el defensor oficial con una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

Su presentación fue acogida en lo formal y habría derivado ya en una audiencia por “zoom” en la que Friedrich amplió sus razones. Este medio no pudo acceder a los términos de su denuncia, pero por vía indirecta se supo que acusó a Ciciarello de “mal desempeño, extralimitación en sus funciones y violación de normativa legal”.

. La inusual impugnación sobre la tarea desarrollada por quien ejerce la defensa en un juicio penal (en este caso un representante del ministerio público, y no un abogado particular) generó el inmediato rechazo del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro y también de otras organizaciones, que reivindicaron el rol de Ciciarello.

Entre ellas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Pensamiento Penal, el Instituto Inecip y la Academia Latinoamericana de Litigación Civil y Penal, que coincidieron en manifestar su apoyo al defensor de la comunidad Buenuleo, “cuya profesionalidad, responsabilidad y compromiso con la función y con los derechos humanos es de público conocimiento”.

El Colegio de Magistrados de la provincia expresó su preocupación por lo ocurrido y consideró “inadmisible que los miembros de la Defensa Pública sean denunciados y cuestionados por el ejercicio mismo de sus funciones profesionales”.

Recordó que Ciciarello es atacado por “expresiones que habrían tenido lugar en una causa vinculada con la recuperación de un predio que habría sido usurpado por personas pertenecientes a comunidades indígenas”, en una tarea que encuadró como de “asistencia técnica”.

La entidad que funciona como un gremio de los jueces, fiscales y defensores afirmó que los conflictos de intereses entre las partes “debe dilucidarse en el marco jurisdiccional (es decir en el juicio mismo), donde la fiscalía, la defensa y la propia querella intervienen dentro de sus respectivas facultades”.

Otros pronunciamientos

La Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro también expresó su “respaldo y solidaridad” con Ciciarello, ante “el ataque a su labor” recibido de parte de Emilio Friedrich, a quien sindicaron como “testaferro de ciertos empresarios de Bariloche con intereses inmobiliarios”.

Consideraron que el defensor oficial asumió su rol en la causa Buenuleo “con total compromiso y profesionalidad” y que la denuncia en su contra se inscribe en “una clara estrategia de amedrentamiento y persecución”.

El giro que tomó el conflicto mapuche en el cerro Ventana también motivó un comunicado de la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina, que con la firma de su presidente Adolfo Sánchez Alegre, expresó su “profunda preocupación ante el pedido de juicio político efectuado a un defensor penal (…) al momento de representar a una comunidad indígena”.

Señaló que “ningún defensor puede ser enjuiciado por la mera discrepancia en el ejercicio de sus funciones o por las estrategias utilizadas, siempre que actúe dentro del marco legal”.

Observó que el cuestionamiento del querellante mediante la promoción de un juicio político “implica no solo una injerencia y un condicionamiento indebido a la autonomía de la defensa pública en general, sino también una flagrante violación del derecho de Defensa, consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados de Derechos Humanos”.