Qué feo (pero ineludible) es dar malas noticias

La comunicación política está en auge desde el comienzo de la pandemia. La crisis sanitaria impuso a los gobiernos la necesidad de organizar de sistemas de información a la población. Transmitir datos negativos, presentar registros sobre muertes e internados graves, explicar por qué se prohibe la circulación o la apertura de un comercio no es una tarea sencilla y quienes más se acercaron a los profesionales de esa especialidad caminan hoy con menos daños en su imagen que aquellos improvisados o confiados en su carisma ante la ciudadanía.

Pero más allá del mayor o menor éxito de esa estrategia de comunicación, a nadie se le ocurrió dejar de emitir novedades sobre el avance o retroceso del coronavirus. Porque existe, por encima de los intereses políticos personales o de grupo, la responsabilidad que implica estar al frente del gobierno de cientos o miles de personas.

Asumir un cargo de la magnitud que tiene una intendencia o una gobernación impone la obligación de informar de manera abierta y accesible sobre todas las decisiones de interés público. No se puede optar por una agenda exclusiva de buenas noticias, aunque la tentación permanente sea la de aparecer como estandarte del progreso y las mejoras en la calidad de vida de los vecinos.

Y recordar esa simple regla del sistema republicano resulta necesario en Roca, donde la semana pasada el municipio llegó al extremo de informar los aumentos en el transporte público con un notorio recorte. Un comunicado oficial hizo conocer la decisión, pero se evitó precisar que el boleto se incrementaba un 37% para la Sección 1 (la más utilizada), para que llegara a los 62 pesos.

Agregar ese pequeño gran detalle en el parte de prensa municipal no sólo era fundamental para que los usuarios no se sorprendieran en el mismo momento de viajar, sino que también era un paso ineludible para poner en contexto la medida.

El gobierno local optó por ocultar las cifras, tal vez para no abrir paso a preguntas incómodas: ¿por qué el boleto pasó de 34 a 62 pesos (82%) en un año cuando la inflación del país rondó el 52% durante los últimos 12 meses? ¿Qué costos analizaron para llegar al 37,7% de aumento actual? ¿Cuál es el monto de subsidios que recibe la cooperativa a cargo del servicio y cuánto inciden en la conformación del boleto? ¿No son suficientes esos aportes del Estado, que se traslada a los usuarios el mayor impacto del alza de costos?

Ratificando su decisión de pasar lejos de las noticias negativas, en lo que sí pusieron esmero las autoridades locales fue en comunicar que la Comisión Permanente Asesora de Transporte que aprobó el aumento “está conformada por integrantes del Ejecutivo municipal y concejales de ambos bloques”. En las buenas, solos. En las malas, las responsabilidades se sociabilizan.

Es probable que el camino elegido permita atenuar el costo político de la medida, pero no se puede tapar el sol con las manos.

Y además, ninguna estrategia sacará de las manos del gobierno la responsabilidad de informar con el mayor nivel de detalle sus acciones, por más antipáticas que resulten.

Entenderlo de otra manera ubicaría al gobierno lejos del estilo abierto a la comunidad que prometió antes de ganar las elecciones.