Roca y su futuro: ¿cuándo empieza el debate de fondo?
No hay dudas sobre la importancia de terminar con los crónicos problemas de agua y cloacas en Roca.
La reorganización del sistema vial-para definir si apostamos al transporte público o seguimos viviendo en la jungla dominada por autos y motos- no puede estar ausente en ningún programa de gobierno.
Electricidad, asfalto, cordón cuneta… impostergables en la agenda de autoridades actuales y de quienes pretenden asumir.
Pero un año antes del proceso electoral municipal, una ciudad que se jacta de su potencial económico, social y dirigencial debería reducir el porcentaje de tiempo que le dedica a esas discusiones, que son entretenidas, pero también escasamente productivas para el desarrollo a mediano y largo plazo.
Nadie más que la intendenta y su reducido entorno saben cuándo se votará para renovar mandatos.
El régimen electoral vigente desde 1991 indica en su artículo 10 que la convocatoria debe realizarse con 60 días de antelación. Es decir que, si María Emilia Soria lo cree conveniente, el 5 marzo del 2023 los roquenses podrían ir a las urnas.
Hay quienes creen que -con el aprendizaje que significó para su hermano y para el Frente de Todos el adelanto al 7 de abril de los comicios rionegrinos del 2019- la mandataria podría acortar al mínimo los tiempos, para evitar la consolidación de armados opositores, pero sobre todo para eludir las esquirlas de una eventual nueva derrota provincial.
Y es esa posibilidad concreta la que hace resaltar más la ausencia de debate sobre el rumbo que debería tomar Roca para sus próximos 20 ó 30 años.
Roca no termina de definir cómo se vinculará con el polo de Vaca Muerta.
No sólo nadie logró ejercer la presión suficiente para que el municipio explique con todas las letras cómo se les escapó de las manos una inversión de 100 millones de dólares para una planta de tratamiento de arenas. Tampoco se conoce en detalle qué piensa hacer el actual gobierno ni quienes pretenden desbancarlo para tener un parque industrial atractivo para ese y otros sectores.
Y más allá de eso, Roca debería asumir la responsabilidad de pensar nuevamente si su perfil estará directamente ligado a la fruticultura -como se definió a fines de los 90, con el Plan Director que impulsó la gestión de Ricardo Sarandría- o conviene mutar hacia una ciudad que brinde todos los servicios que demanda una industria millonaria como la hidrocarburífera.
Claro, previo a tomar ese camino debería estar resuelto cómo y quién garantizaría la extensión de redes de servicios hacia esas zonas residenciales, algo que actualmente está lejos del ideal.
Y antes que nada, si Roca quiere ser el lugar donde se desarrolle la vida de esas familias ligadas al mundo petrolero, debería terminarse la ampliación de la Ruta 22.
Existe alrededor de ese tema otra señal preocupante de naturalización ante la falta de gestión.
En febrero se cumplió un año desde la promesa municipal que aseguró el inicio dentro del 2021 de las obras para la autovía.
La energía de muchos dirigentes e instituciones que se vio el 31 de agosto del 2017 para rechazar las murallas no parece ser la misma ahora, cuando hay que advertir que no siempre la palabra empeñada es palabra cumplida.
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